Goirizelaia recuerda al TSJPV que las reuniones eran públicas y nadie las prohibió
La defensa de Arnaldo Otegi, Pernando Barrena, Olatz Dañobeitia, Rufi Etxeberria y Juan Joxe Petrikorena, dirigida por la abogada Jone Goirizelaia, señala en su escrito de conclusiones que los dirigentes de la izquierda abertzale no pudieron cometer ningún delito al reunirse con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, o con los portavoces del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, porque no tienen limitados sus derechos, los encuentros eran públicos y nadie los prohibió.
Iñaki IRIONDO |
«La izquierda abertzale no tiene limitadas ni suspendidas sus actividades» y sus dirigentes imputados ante el TSJPV «actuaron siempre en el ejercicio de sus derechos y por responsabilidad política, para buscar soluciones y teniendo en cuenta que para ello es necesario reunirse y dialogar con todos los agentes políticos, sociales y sindicales ya que el diálogo y el acuerdo es el único medio posible de poner punto final a cualquier conflicto político». Éstas son dos de las principales conclusiones a las que llega la defensa de Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia, Juan Joxe Petrikorena y Pernando Barrena, por lo que señala que no hay delito alguno en sus reuniones con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, o con los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares.
La defensa de los miembros de la izquierda abertzale, dirigida por la abogada Jone Goirizelaia, recuerda que todas las reuniones por las que se les preten- de imputar un delito de desobediencia «fueron públicas y notorias» y «ningún tribunal ni autoridad judicial competente, conociendo que iban a realizarse, las prohibió» ni notificó a los imputados que no las celebraran. Incluso hubo una que fue expresamente autorizada.
Además, en el escrito de conclusiones presentado ayer ante el TSJPV y al que ha tenido acceso este diario, se recuerda que «las mismas acusaciones populares» personadas en este caso solicitaron a la Audiencia Nacional que actuara contra la comisión negociadora de la izquierda abertzale y que prohibiera la actividad de este sector político, sin conseguirlo.
Propuestas políticas
En el escrito se recoge que «la izquierda abertzale durante toda su existencia ha intentado, teniendo en cuenta la realidad del País Vasco y la existencia de un conflicto político que debe ser solucionado, presentar propuestas que, utilizando como método el diálogo y el acuerdo, instalen a este país en un escenario verdaderamente democrático donde se respeten todos los derechos de todas las personas, se reconozca que el País Vasco existe como entidad y es sujeto de derechos, y que sus ciudadanos tienen derecho a decidir, y se respete lo que se decida pudiendo ser llevado a la práctica en un escenario en ausencia de toda violencia».
Sobre esa fase se hace un repaso de las distintas propuestas presentadas, que se solicita además que sean aceptadas como pruebas documentales.
Además, se subraya que ni la suspensión de actividades de Batasuna ni su disolución prohíben que las personas particulares ejerciten sus derechos fundamenteles, incluidos el de reunión, libre expresión de sus ideas y participación política. Goirizelaia pide también que se solicite a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo sentencias y autos que confirman estos extremos, al igual que demanda que se certifique si exi- gieron a los imputados que no realizaran reuniones.
La defensa de la izquierda abertzale también pide que declaren como testigos dirigentes políticos y sindicales vascos, así como figuras de talla internacional como el sacerdote redentorista Alec Reid y el ex presidente italiano Francesco Cossi- ga. Y también que cuatro guardias civiles y un policía no sean citados como peritos «por no tener carácter de tales».
Entre los testigos propuestos por la defensa se encuentran líderes políticos y sindicales vascos, como Rafa Díez y José Elorrieta, el ex presidente de Italia Francesco Cossiga y el sacerdote irlandés Alec Reid.
Jone Goirizelaia quiere apoyarse en los autos y sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para confirmar que sus defendidos gozaban de todos sus derechos y que no se prohibieron las reuniones.
El lehendakari, Juan José Ibarretxe, insistió ayer en que continúa hablando con la izquierda abertzale y que lo seguirá haciendo en el futuro, al estar convencido de que el diálogo constituye «una herramienta imprescindible» que no puede ser delito.
En cuanto a las acusaciones de estar «montando un circo» con sus peticiones de que Aznar y Zapatero declaren como testigos que le lanzó el secretario general del PSE y también imputado en el caso, Patxi López, Ibarretxe respondió que este proceso judicial «ha sido un circo desde el principio».
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el lehendakari afirmó que no sabe cuándo se celebrará el juicio y tampoco le importa porque tiene puestas todas sus energías en llevar a cabo la iniciativa de convocar una consulta a los ciudadanos el próximo año.
Por otra parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, insistió en que «no hay delito alguno» en estas reuniones. Según señala, «una reunión no es delictiva en sí misma sino por su propósito», como podrían ser «preparar un acto terrorista o para colaborar con el terrorismo». «Pero en este caso concreto -explico el fiscal general del Estado- no existe delito alguno porque la reunión no tenía más finalidad que la de tratar de consolidar o progresar en el alto el fuego y por lo tanto no se puede entender que una reunión de esa naturaleza sea delictiva».
Concluyó que «el proceso no debería continuar y así lo señalamos al pedir el sobreseimiento».
