Los cuatro grupos que conformaban la oposición municipal en las dos legisturas en que el PP ostentó la Alcaldía de Gasteiz impulsaron una comisión de investigación sobre dos casos: los chalés de Ali y los de Ibaiondo, en los que consideraban que pudiera haberse dado algún supuesto delictivo. En el primero de ellos, Urbanismo autorizó a la empresa la construcción de un chalé más de los previstos en el proyecto. En el segundo, autorizó a la empresa el cobro de un sobreprecio.

Las conclusiones que esa comisión puso en manos de la Fiscalía llegaron a manos de los jueces y éstos decidieron la apertura de diligencias previas. Ayer, con la declaración de dos técnicos municipales y de Jorge Ibarrondo, ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Gasteiz imputado por presunta prevaricación urbanística, finalizan las diligencias previstas en el caso de los chalés de Ali.

«Por el buen camino»

Los grupos políticos que impulsaron esta investigación confían en que el proceso siga adelante, aunque todos ellos se mostraban cautos al recordar que la decisión, en último término, está en manos de la Justicia.

Antxon Belakortu (EA), por ejemplo, declinaba hacer una valoración de las actuaciones, subrayando que su labor como representantes políticos había finalizado con la denuncia pública en la que, recordaba, «fuimos muy beligerantes».

Quien sí accedía a hacer una valoración era José Navas, de EB, que mostraba su satisfacción «porque estamos ayudando a conocer la verdad». El representante de EB consideraba que las conclusiones de la comisión de investigación que pusieron en manos de la Fiscalía se habían visto ratificadas en las declaraciones judiciales. Navas no da por finalizadas estas diligencias, ya que ha pedido la comparecencia también en este caso del ex director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santamaría.

Mikel Martínez (PNV) dice tener «la sensación de que habrá juicio». Considera que lo actuado hasta ahora «demuestra que teníamos razón al llevar las conclusiones a los tribunales», lo que, subraya, hicieron «no por afán de persecución, sino por esclarecer la verdad».

Desde el actual equipo de gobierno municipal, el PSE cree que se está demostrando que las conclusiones de la comisión de investigación «eran razonadas y razonables», y se muestran dispuestos a la máxima transparencia y a facilitar la respuesta a todo requerimiento que pueda hacerles la Justicia en torno a estos casos, porque «el objetivo último es preservar el interés general y, sobre todo, el de los afectados».