El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, dio ayer por finiquitada la labor mediadora emprendida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Uribe, que ya había puesto a Chávez una fecha máxima para completar unas gestiones, de índole básicamente humanitario, ha optado por cerrar esa puerta después de recriminar al líder venezolano que contactara con el comandante del Ejército, el general Mario Montoya, para tratar sobre la cuestión de los rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al parecer, esa decisión de Chávez de no limitarse a tratar con la guerrilla y de implicar en su mediación al Ejército, no se sabe si a título consultivo o de cara a dotarle de un protagonismo directo en el proceso abierto, ha sido la gota que ha colmado el vaso de Uribe, que con su decisión parece querer pasar página sobre una iniciativa ante la guerrilla que quizás considere que le hace perder control o autoridad sobre ese Ejército que es un pilar básico en su estrategia de guerra contra las organizaciones rebeldes.

Por más que la situación de los cautivos tome relevancia y que la alta esfera de influencia política y económica de algunos de los secuestrados haga que sobresalga sobre otros muchos aspectos del conflicto en Colombia, nadie debería olvidar que es el país latinoamericano en su conjunto el que se encuentra cautivo ante una situación de violencia persistente y de diversos orígenes. Tampoco esa mayor preponderancia social debería ocultar que son los sectores populares los que soportan en mayor grado la amplia gama de violaciones de derechos humanos que se producen en Colombia, y que reflejan en sus informes desde Amnistía Internacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja hasta la Organización Internacional del Trabajo.

Uribe sólo se atiene a la promesa que le valió la reelección: guerra total a la guerrilla. Si no fuera por sus intereses en el «caso Betancourt», Sarkozy debería entender a su homólogo conservador colombiano. Máxime cuando él mismo invoca su programa para no dar marcha atrás en la contrarreforma social en su país.