El Comité de Defensa de los Derechos Humanos de Euskal Herria (CDDHPB) ha dado la voz de alarma sobre la política represiva que se asienta en Euskal Herria. En una rueda de prensa en la que, junto a los portavoces de esta asociación, comparecieron representantes de organizaciones políticas (AB, Batasuna, PNB, EA y LCR), se puso de manifiesto que está en marcha una «política de criminalización» contra el conjunto del movimiento abertzale y que buena parte de las actuaciones que se han llevado a cabo en las últimas fechas se sitúan en la misma lógica que otras del pasado, o de las ocurridas en otras latitudes vascas, como el cierre de periódicos, la ilegalización de organizaciones políticas o la ilegalización de candidaturas electorales.

El diagnóstico hecho público por el CDDHPB llega en un momento marcado por sucesivas operaciones policiales y actuaciones judiciales que han provocado significativas muestras de rechazo social, como se pudo comprobar el pasado sábado en la masiva manifestación celebrada en Donibane Garazi, en la que se denunció con especial énfasis el caso del vecino de Ortzaize Joan Bidart, que intentó quitarse la vida el pasado día 18 en una prisión de la Corrèze. Tras ser detenido en una variopinta redada, a finales de setiembre, junto a otras catorce personas, Bidart permaneció primero incomunicado en manos policiales y fue luego encarcelado -al igual que otros cuatro ciudadanos-, alejado de Euskal Herria y aislado en la cárcel de Tulle.

En este sentido, estamos ante un pronunciamiento que en la línea con lo actuado por esta organización, desde que se fundara en 1984, parte del principio de solidaridad con «toda persona cuya libertad está amenazada o a la que se violan sus derechos». Y el hecho de que en la presentación de su diagnóstico el CDDHPB se acompañara de formaciones que tienen opiniones diferentes sobre cómo debe afrontarse la recuperación de los derechos nacionales sólo viene a evidenciar que es posible y deseable arbitrar estrategias compartidas para detener lo que no son excesos puntuales sino una política dirigida a negar la existencia de Euskal Herria.