Siete años después de que la ultraderecha se instalara en el Gobierno mexicano, tenemos más de cien personas desaparecidas y entre 800 y 1.000 presos políticos. El Ejército y sus distintas corporaciones están criminalizando e intentado acallar toda protesta social», subraya Yolanda Castro, miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), en el que participan 45 organizaciones de diversos sectores. La apuesta represiva del Ejecutivo se evidencia, según destaca, en el aumento de las detenciones arbitrarias, en la militarización «exagerada» del país y en la firma, el 22 de octubre, del Plan México, «una copia del Plan Colombia», y del acuerdo ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad del Norte).

El primero, explica Cruz, «contempla el asesoramiento militar por parte de Estados Unidos, la construcción de nuevas bases en todo el territorio mexicano, la compra de artefactos más sofisticados».

«El pasillo de Estados Unidos»

«En este marco de impunidad total» se sitúan, por ejemplo, «los abusos sexuales a mujeres detenidas». El caso de Ernestina Asensio habla por sí solo. Esta mujer indígena de 73 años natural de Veracruz fue violada por miembros del Ejército en la sierra Songolica. «Dieron carpetazo a la investigación diciendo que había muerto de gastroentiritis cuando había pruebas contundentes del daño que le hicieron», denuncia.

En el municipio Coahuila de Castaños, prosigue, «más de 23 elementos del Ejército violaron y torturaron durante toda la noche a varias trabajadoras del sexo».

La preocupación por el aumento de las vulneraciones de derechos llevó a más de un centenar de organismos de izquierda a crear el pasado 2 de octubre el Frente Nacional contra la Represión (FNCR), del cual es integrante el FNLS. La aparición con vida de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos son sus principales exigencias.

Yolanda Castro destaca también que, a raíz de los atentados del 11-S y bajo los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, «a toda costa están implementando esa `lucha antiterrorista'. Ahorita, en nuestro país se considera terrorista a una organización como el ELPR que lleva más de 43 años de existencia. Al tener una plataforma de lucha y tratar de cambiar las condiciones de pobreza se les criminaliza. Todo luchador social es sinónimo de `terrorista'».

No duda tampoco de que con la militarización quieren «dar seguridad» a los inversores extranjeros. «México es el pasillo trasero de EEUU, pero con el Plan México y el ASPAN ha quedado clara la subordinación total de este Gobierno a Washington».

«Sabemos que fueron torturados»

Nadín Reyes ha vivido en carne propia esta realidad. Ya se han cumplido seis meses de la desaparición en Oaxaca de su padre, Edmundo Reyes. Con él estaba Gabriel Cruz. Ambos militaban en el Partido Democrático Popular Revolucionario del Ejército Popular Revolucionario y fueron vistos por última vez el pasado 25 de mayo. A estas desapariciones se sumó, el 26 de setiembre, la de Francisco Paredes, ex preso político del Movimiento Armado Revolucionario (MAR).

«Sabemos que fueron desaparecidos por autoridades del Estado de Oaxaca y por miembros del Gobierno Federal. Sin embargo, ellos han tratado de todas las formas posibles deslindarse de este hecho diciendo que se trata de un ajuste de cuentas entre organizaciones. Dicen que están investigando pero no ha habido ninguna respuesta», subraya. Por contra, han sufrido un «hostigamiento permanente. Quieren intimidarnos para que el miedo nos paralice y no sigamos buscando. Lo único que pedimos es que los presenten con vida y, si han cometido algún delito, que los juzguen».

Un hostigamiento que se traduce en «constante vigilancia; presencia de policías de paisano tomando fotos. No ha habido acciones directas, pero están ahí, observando todos nuestros movimientos».

Gracias al testimonio de algunos testigos han podido reconstruir parte de lo ocurrido: «Tenemos constancia de que fueron torturados en el Estado de Oaxaca. Hubo gente que los vieron muy malheridos. De ahí, los trasladaron a Ciudad de México. Aunque hay testigos, no han querido prestar declaración por temor a sufrir algún tipo de represión».

Interponer la denuncia tampoco ha sido tarea fácil. «En un primer momento, se me negó bajo el argumento de que ellos no sabían nada de la desaparición y que no era competencia suya. Tuvimos que ir al Distrito Federal a ponerla», explica. Para hacer frente a este vacío institucional, apoyar a familias en situación similar y denunciar «este crimen de lesa humanidad», han creado el comité Hasta Encontrarlos.

Además de poner voz a las violaciones de derechos en México, con esta gira europea en la que visitarán ciudades como París, Amsterdam y Berlín, desean «tocar las conciencias de la población».

«No queremos quedarnos calladas. Venir aquí es romper ese muro de silencio y decir que en México se están dando desapariciones forzadas, las cárceles se están llenando y el Gobierno aún tiene la responsabilidad de decirnos dónde están las 800 personas desaparecidas en las décadas de los 70 y 80, y las más de cien de los últimos siete años. Es impresionante que en pleno silgo XXI, donde todos los gobiernos internacionales hablan de democracia y firman tratados, tengamos más presos y presas políticas que en décadas anteriores», concluyen.