La popularidad de la presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, alcanza los índices más bajos, habiendo sido definida como «la más impopular y polémica» tras la dictadura de Ferdinand Marcos. Además, en las elecciones al Senado del pasado verano, sufrió una humillante derrota, no sólo por el fracaso de sus candidatos sino porque entre los vencedores se encontraban algunos de los «dirigentes» de la actual maniobra «político-militar».

Mientras Macapagal Arroyo sigue haciendo discursos grandilocuentes, anunciando que antes de que acabe su mandato en 2010, el país se incorporará a la lista de «los países desarrollados del mundo», observadores de aquella realidad no dudan en mostrar las dos caras de la moneda filipina. Por un lado, esas declaraciones de buenas intenciones y, por otro, la realidad, donde «prevalece un sistema plagado de corrupciones, un poderoso e influyente Ejército, la pobreza, dos importantes insu- rrecciones armadas y la presencia de EEUU en Filipinas».

Recientemente se ha difundido un informe del enviado especial de Naciones Unidas, Philip Alston, en el que se señala que «el incremento de la violencia contra los militantes de izquierda obedece a la estrategia contrainsurgente del Gobierno». En ese documento, Alston viene a corroborar lo que se puede definir como el lado más oscuro del régimen filipino, algo que prefieren olvidar los gobiernos occidentales y que, probablemente, ningún dirigente de nuestro entorno tendrá a bien en señalar a la presidenta Arroyo durante su próxima visita a diferentes estados europeos.

La estrategia del Gobierno, dirigida, planeada y ejecutada por los militares filipinos, ha supuesto la muerte en los últimos seis años en «ejecuciones extrajudiciales» de cientos de militantes de izquierda, líderes sociales, defensores de los dere- chos humanos, sindicalistas y abogados. Bajo la excusa de que la mayoría de organizaciones o grupos son «frentes del Partido Comunista de Filipinas (CCP)», se ha puesto en marcha un proceso de desmantelamiento de las organizaciones sociales.

Las Fuerzas Armadas filipinas (AFP) sostienen la «teoría de las purgas», intentando presentar esas muertes como fruto de enfrentamientos internos y purgas. Sin embargo, el Ejército tiene publicaciones en las que se teoriza y presenta esa campaña en el marco de la llamada «trinidad de la guerra», que presenta como un solo bloque al CCP, el Nuevo Ejército del Pueblo (NAP) y el Frente nacional Democrático (NFD), y sus oficiales utilizan en sus seminarios y charlas el informe en Power Point «Conociendo al enemigo», que mantiene la misma teoría.

La ola de violencia se ve incrementada, además, por los conflictos armados que el Estado filipino mantiene con el NPA y con los insurgentes moros en Mindanao. También se producen enfrentamientos con consecuencias mortales por las disputas en relación a la reforma agraria, en las que los propietarios cuentan con apoyo policial e impunidad para atacar a los campesinos. Asimismo, en estos años de Gobierno de Macapagal, el número de periodistas muertos de forma violenta ha aumentado de forma considerable. Además, han aparecido grupos de «escuadrones de la muerte» -como el que actúa en la ciudad de Davo-, cuyos integrantes cometen sus acciones a cara descubierta, y que han matado, desde 1998, a más de 500 personas, muchas de ellas «niños de la calle».

Evidentemente, la guinda de esta estrategia la encontramos en torno al sistema judicial, que «en lugar de perseguir a los autores de esas ejecuciones, se dedica a perseguir a los dirigentes de la sociedad civil», dando un halo de impunidad añadida a ese poder fáctico que representan las Fuerzas Armadas.

Tampoco se puede pasar por alto el papel que juega EEUU en este teatro de operaciones. Desde el 11-s, y nuevamente bajo la excusa de «la guerra contra el terror», Washington ha logrado «volver» a suelo filipino, para lo que no ha dudado en inyectar enormes sumas de dinero en las arcas del Gobierno y el Ejército. Al tiempo, bajo el manto de «operaciones y maniobras conjuntas», ha logrado reinstalar una presencia permanente en el archipiélago de cara a frenar el peso de China en la región y controlar el importante paso del estrecho de Macasar. De momento, ha logrado volver a instalarse en suelo filipino de manera permanente, asegurándose el uso logístico de la región.

Tras los sucesos de estos días, no es difícil anticipar que acontecimientos similares pueden volver a repetirse en el marco de la convulsa realidad de aquel país. Y la pregunta que se hacen muchos es saber si la presidenta logrará acabar su mandato dentro de tres años o si será destituida por los casos de corrupción que le acechan o por algún movimiento golpista.