Anadie puede sorprender la decisión de un juzgado de lo contencioso-administrativo de prohibir, a instancias del delegado del Gobierno español en la CAV Paulino Luesma, la consulta sobre el TAV promovida por el Ayuntamiento de Elorrio para el próximo domingo. Entra dentro del guión conocido como «Constitución, Constitución y Constitución». En cambio, más de uno -incluso dentro de las filas jeltzales- considerará que la postura respecto a las consultas sobre el TAV del lehendakari y su Gobierno es, cuando menos, sorprendente. Salvando las distancias, los argumentos ofrecidos ayer por el alcalde de Elorrio son calcados a los utilizados por Ibarretxe para argumentar su derecho a consultar a la ciudadanía que cae bajo su administración: es positivo, es legal incluso dentro del marco actual, quizás no sea jurídicamente vinculante, pero es políticamente significativo... Ante esa defensa, hasta el juez tuvo que admitir que sería un ejercicio «sano».

Ante este escenario, cabe preguntar, ¿a cuántos alcaldes suizos va a traer a declarar el Gobierno de Ibarretxe ante los tribunales para demostrar que en Europa es muy común realizar consultas de este tipo sobre asuntos medioambientales? ¿A cuántos expertos de renombre internacional van a traer las distintas consejerías para explicar las bondades de la participación ciudadana? ¿Cuántos foros va a organizar para discutir sobre el TAV? Evidentemente, ninguno. No procede.

De momento, a la espera de ver la postura de las diferentes partes -incluida la Ertzaintza- el domingo, podemos afirmar que el tren de la democracia ha pasado de largo por Elorrio. En él iba también gran parte de la credibilidad de Ibarretxe para otro tipo de propuestas. Simple y llanamente porque al mencionado guión de «Constitución...» sólo cabe responderle con un rotundo «democracia, democracia, democracia». Pero para todos y en igualdad de condiciones. Lo demás no es hablar del tren, sino intentar vender la misma burra treinta años más tarde.