Los ministros de Energía de los Veintisiete debatieron por primera vez ayer el tercer paquete de liberalización del sector elaborado por el Ejecutivo comunitario. El comisario de Energía, Andris Piebalgs, insistió en que la separación de propiedad es «necesaria» para garantizar a las nuevas empresas el acceso a la red de manera no discriminatoria y aumentar así la competencia, y para incrementar la inversión en infraestructuras.

Piebalgs explicó que, desde 1998, los precios de la electricidad para los hogares subieron un 6% en los países que ya han dividido sus compañías y más del 29% en los Estados miembros con empresas verticalmente integradas. Y los operadores independientes de red han invertido en interconexiones el doble de sus ingresos de congestión que los integrados en grandes compañías.

El comisario de Energía destacó que un «número importante de Estados miembros está de acuerdo en que la separación patrimonial es importante» y admitió que «quedan varios países que todavía no han sido convencidos». «Estoy dispuesto a discutir con los Estados miembros que tienen dudas sus propuestas alternativas», señaló Piebalgs en referencia a París y Berlín. Pero insistió en que cualquier alternativa deberá implicar un «cambio estructural» en las empresas.

El ministro francés de Medio Ambiente, Jean-Louis Borloo, arremetió contra las propuestas del Ejecutivo comunitario y subrayó en primer lugar que «la separación patrimonial es un atentado grave contra el derecho de propiedad». También criticó las «insuficiencias» del estudio de impacto en que se basa la Comisión y pronosticó que la separación de propiedad «no generará automáticamente un aumento de la inversión». «Esta separación corre el riesgo de debilitar a los operadores europeos frente a las grandes empresas de países terceros que no estarán sometidas a las mismas obligaciones», apuntó.

«No se trata de mantener el statu quo, sino de demostrar que existen modelos más eficaces y más proporcionados que la separación patrimonial para alcanzar nuestro objetivo de construir un mercado europeo de la energía», dijo el representante francés. En este sentido, anunció su propósito de presentar a principios de 2008 «una alternativa que desvincule de manera eficaz de las actividades de red pero que respete los derechos de propiedad».

Iniciativa franco-alemana

Por su parte, el secretario de Estado de Economía alemán, Joachim Wuermeling, señaló que la separación funcional no resolverá el problema de discriminación de las nuevas empresas ni acabará con el «oligopolio» de los grupos energéticos. Provocará, a su juicio, todo lo contrario: una «paralización de las inversiones». «Nadie va a invertir en una red que quiere vender. Y la red eléctrica alemana es una red de tránsito para toda Europa», sentenció.

Wuermeling insistió además en que las cifras presentadas por Bruselas para justificar sus propuestas son «obsoletas» y no prueban que la desmembración vaya a reducir los precios. También anunció que Alemania presentará «en las próximas semanas» una propuesta alternativa a la separación de propiedad, lo que podría traducirse en una iniciativa conjunta-franco alemana. Los mismos argumentos de Alemania y Estado francés fueron repetidos por Austria, Luxemburgo, Bulgaria, Eslovaquia o Chipre.

En contraste, expresaron su respaldo a las propuestas de Bruselas el Estado español, Gran Bretaña, Italia, Polonia, Hungría, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Estonia, Eslovenia, Suecia y Finlandia. También intervinieron Letonia y República Checa, cuya postura fue menos clara pero inclinada hacia el «sí».

El ministro español de Industria, Joan Clos, aseguró que su Gobierno «apoya totalmente» la separación patrimonial porque «en el caso español ha demostrado ser un modelo exitoso desde hace muchos años».

Por su parte, el representante británico afirmó que los beneficios de algunas empresas europeas de gas y electricidad integradas «se han doblado o triplicado» durante los últimos años al mismo tiempo que los consumidores «se enfrentan a facturas más altas». «Demasiadas empresas y consumidores son víctimas financieras de una falta de competencia», dijo. En este sentido, apoyó la propuesta de separación patrimonial y pidió que el plan alternativo persiga los mismos resultados.

Los países bálticos y Polonia pidieron además que se refuerce la cláusula que permitirá limitar las inversiones en redes europeas de empresas energéticas extranjeras.