La decisión adoptada ayer por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español de confirmar el archivo del caso de las cesiones de crédito, en el que estaba presuntamente involucrado el banquero Emilio Botín, puede tener influencia decisiva en la causa abierta contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, y dirigentes del PSE y de Batasuna.

Lo que estaba en cuestión era hasta dónde llega el papel de las acusaciones populares en las causas que se instruyen como procedimiento abreviado, que alcanzan en la actualidad casi el 95 por ciento del total de las investigaciones judiciales en el Estado español, y si en ausencia de acusación particular o de la Fiscalía un proceso así puede seguir adelante.

La repercusión de la decisión del Supremo puede alcanzar incluso a la parte económica de la cusa contra ``Egunkaria'' por tratarse de un preocedimiento abreviado en el que no existe petición fiscal. El sumario principal contra el diario clausurado, sin embargo, no responde a las características del procedimiento abreviado.

La trascendencia del asunto en cuestión fue precisamente el motivo por el que los cinco magistrados encargados en un principio de confirmar o anular el archivo del caso de las cesiones de crédito, decidido por la Audiencia Nacional española el pasado 20 de diciembre, acordaron llevar el asunto al pleno.

El caso de las cesiones de crédito fue sobreseído en su día por la Audiencia Nacional, por entender que en los procedimientos abreviados, que se siguen cuando los delitos están penados con menos de nueve años de prisión, «no puede abrirse juicio oral sólo a instancias de la acusación popular, sino que es necesario que lo inste bien el Ministerio Fiscal, bien el acusador particular».

En el caso concreto de la causa en la que estaba presuntamente involucrado el presidente del Banco Santander, se dejó sin efecto el auto de apertura de juicio oral dictado por la juez Teresa Palacios a instancias sólo de la acusación popular, en cuya cabeza se había personado la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC).

El procedimiento que afecta a los dirigentes de Batasuna, el PSE y el lehendakari Ibarretxe es similar a la causa que ayer abordó la Sala de lo Penal del máximo tribunal español; un juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), a pesar de la oposición de la Fiscalía, abrió juicio oral.

En el caso de la apertura de juicio oral por parte del TSJPV, también fue la acusación popular, ejercida por el Foro Ermua y por la asociación denominada Dignidad y Justicia, la única que instó a abrir juicio. La propia defensa de Juan José Ibarretxe ha planteado como cuestión previa al TSJPV que se aplique la doctrina de la Audiencia Nacional en el caso de las cesiones de crédito -que a falta ahora de conocer sus argumentos pasa a ser también doctrina del Tribunal Supremo- y que se deje sin efecto la apertura de juicio oral.

Como en el procedimiento en el que fue encausado Emilio Botín, en el de Ibarretxe la Fiscalía solicita el sobreseimiento de la causa, toda vez que ningún posible perjudicado se ha personado como acusación particular.

El Tribunal Supremo hará pública en los próximos días la resolución, aunque el Ejecutivo de Lakua valoró ayer como «acertada» la decisión y añadió que «confirma» sus tesis. EA, por su parte, afirmó que el archivo del caso Botín «debe significar el cierre definitivo de las causas abiertas contra el lehendakari Ibarretxe, en el TSJPV, y contra el diario `Euskaldunon Egunkaria' en la Audiencia Nacional».