ELA, LAB y UGT denunciaron ayer la proliferación de entidades instrumentales, como sociedades públicas de derecho privado, agencias o fundaciones, con las que el Gobierno de Lakua lleva a cabo un proceso de privatización de servicios.

Representantes de estos tres sindicatos aseguraron que esta situación que vive la administración autonómica ha llegado a resultar «escandalosa» y aseguraron que, con ella, Lakua persigue que la gestión de servicios públicos escape del control parlamentario además de conseguir una mayor flexibilidad en la contratación tanto interna como externa.

Los sindicatos insistieron en que el fundamento de la creación de estas agencias, institutos, fundaciones o empresas públicas es «actuar con criterios meramente empresariales manteniendo la financiación pública». Así, al estar sujetas al marco del derecho privado tienen la posibilidad de realizar subcontrataciones y de crear redes de empresas en las que se va diluyendo la participación pública.

Más agencias e institutos

En este sentido, Izaskun Gana (ELA) explicó que la plantilla del Departamento de Agricultura del Gobierno de Lakua era de 222 personas el año pasado, mientras que hoy no llega a los 190. A su vez, las tres sociedades públicas dependientes del Departamento alcanzan ya los 577 empleados, a los que cabría añadir el personal de las fundaciones y empresas participadas por el Departamento.

También recordó que este proceso privatizador sigue en marcha, ya que, por ejemplo, en enero del próximo año se va a poner en marcha la denominada Agencia Vasca del Agua o que el proyecto de presupuestos generales del próximo ejercicio prevé la creación del «Instituto Vasco de Finanzas», otra entidad pública de derecho privado. Gana añadió que el Gobierno de Lakua ha creado recientemente la Agencia Vasca de Protección de datos, la de evaluación de calidad, las fundaciones Elika, Kalitate y Azti, entre otras, y así hasta un total de 82 empresas públicas «que suponen la introducción en la administración de elementos propios de gestión privada».

Frente a esta política, los representantes de ELA, LAB y UGT insistieron en que los servicios públicos deben estar cubiertos «desde lo público y por personal público».