reacciones al tiroteo en capbreton
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acelera sus trabajos contra ANV
Mientras desde la derecha política y mediática española se clama por la inmediata ilegalización de ANV y EHAK, y desde el Gobierno español y el PSOE aseguran que están en ello y que no les temblará el pulso para dar ese paso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunciaba ayer que este mes acelerará sus trabajos para tratar de relacionar a ANV con Batasuna y buscar su «suspensión de actividades» por parte del magistrado de instrucción número 5, Baltasar Garzón.
GARA | GASTEIZ
La muerte de un guardia civil y las graves heridas que sufre otro, tiroteados durante una operación policial contra ETA en suelo francés, ha vuelto a revitalizar las voces que exigen nuevas medias de excepción contra el independentismo vasco. En las concentraciones en las que se insulta a los miembros del Gobierno español se reclama la ilegalización inmediata de ANV y de EHAK, una demanda que el PP ha hecho suya. El PSOE también tiene interiorizada la idea, pero pretende potenciar la imagen de que busca cargarse de razones ante unos tribunales supuestamente «exigentes» en materia de respeto a los derechos civiles y políticos.
En este contexto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció ayer que «acelerará» este mes la investigación sobre la posible vinculación de ANV con Batasuna, en el marco del sumario secreto que Baltasar Garzón abrió el pasado abril.
Según fuentes del propio Ministerio Público, el impulso a esta investigación será posible gracias a nuevos informes policiales «de peso» que llegaron a la Fiscalía la pasada semana. No obstante, añadieron que la Fiscalía no solicitará la suspensión de actividades de ANV por el único hecho de que no haya condenado el atentado del pasado sábado en la localidad francesa de Capbreton, ya que se trataría solamente de «un dato más» sobre la actuación de este partido de los muchos que se han ido ya recabando.
La agencia Efe avanzaba además que la suspensión de actividades de ANV podría también conllevar la imputación por un delito de «pertenencia a organización terrorista» de sus dirigentes.
El pasado 26 de junio, Garzón decretó el secreto de las actuaciones relativas a la investigación sobre ANV y desestimó las peticiones de suspensión de esta formación formuladas por las asociaciones Dignidad y Justicia, AVT y Foro Ermua.
El magistrado ya había desestimado una primera solicitud de suspensión de actividades a finales de abril, al considerar entonces que no existía el «más mínimo» indicio que vinculara a este histórico partido abertzale con «ETA-Batasuna».
Sin embargo, Garzón advertía en su resolución de que «si esa conexión, vinculación o integración se constatara, se adoptarán las medidas precisas en forma inmediata previo cumplimiento de las formalidades legales».
«El País» y Zapatero avisan
La exigencia de ilegalizaciones fue una de las reacciones inmediatas de la derecha política y mediática española en cuanto se conoció el tiroteo de Capbreton, y al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le faltó tiempo para anunciar que la no condena de los hechos por parte de ANV los enfilaba hacia su muerte política.
En la prensa madrileña de ayer podrían encontrarse titulares como «El Gobierno advierte a ANV y suma pruebas» («El Público») o «El Gobierno mete presión a ANV y ya habla de que su ilegalización está más cerca» («Abc»). Pero fue «El País», y con la firma de su redactor más cercano a La Moncloa, el que titulaba en primera página que «El Gobierno impedirá que ANV acuda a las elecciones generales». No explicaba cuál sería la fórmula elegida para ello, pero la distinguía de la ilegalización.
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, entrevistado en TVE, guardaba más las formas. Apuntaba que «a día de hoy, ANV es un partido legal» y los partidos legales pueden ejercer su derecho a presentarse a las elecciones. A renglón seguido también aclaró que en el momento en el que crean tener pruebas suficientes para instar a la ilegalización de ANV, «esa situación durará justo ese minuto» porque al siguiente «estará instada su ilegalización».
Tras la reunión semanal posterior de la Ejecutiva Federal del PSOE a puerta cerrada, agencias filtraron que José Luis Rodríguez Zapatero había expuesto que la cuestión de la ilegalización o no de ANV se «reaviva» ahora, aunque sin aportar al parecer más concreciones a sus compañeros de filas.
Es de destacar que mientras los portavoces gubernamentales y del PSOE insistían en la cuestión de la no condena, el portavoz de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, daba un paso más y acusaba tanto a ANV como a EHAK de haberse «convertido en instrumento de la acción desestabilizadora» de ETA, «secundando una estrategia de desafío al Estado de Derecho».
El PP exige inmediatez
Como decía el ministro de Justicia, el Gobierno quiere medir los tiempos antes de dar el paso de solicitar la ilegalización de ANV. Desde instancias cercanas al Ejecutivo se apunta que quieren ver si en el histórico partido ekintzale surgen discrepancias internas o voces críticas con ETA, y que también tienen en cuenta que el PNV -socio en esta última etapa de la legislatura y apoyo en su día en la mesa de negociación- tiene un discurso contrario a las ilegalizaciones.
Y mientras el Ejecutivo se toma su tiempo, el PP aprovecha el paréntesis para tratar de sacar ventaja electoral. La formación de Mariano Rajoy preparó un argumentario (guión de declaraciones que se transmite a cargos institucionales e internos) tras el tiroteo del pasado sábado, en el que defiende que el Gobierno no debe esperar «ni un minuto» para ilegalizar a ANV.
Tras considerar que no basta con impedir que esos partidos se presenten a las elecciones generales, sino que hay que ilegalizarlos y disolver sus grupos municipales y parlamentarios, el texto del PP defiende «activar todos los mecanismos de vigilancia por parte del Estado para impedir que ETA se intente colar en el Congreso o en el Senado».
El Ayuntamiento de Lizartza, gobernado ahora por el PP con sólo 27 votos frente a 186 anulados de la lista de ANV y 142 blancos, llegó a exigir ayer la ilegalización de este partido y de EHAK.
No hay novedad alguna sobre el estado de Fernando Trapero. No se han facilitado partes médicos, pero ya el domingo fuentes policiales dijeron que está en situación de «muerte cerebral». Joan Mesquida lo halló ayer «extremadamente grave».
El plan intensivo de vigilancia fue reactivado de nuevo ayer en torno a Perigueux, a 137 kilómetros de Burdeos y 310 de Capbreton, tras el intento de robo de un coche, atribuido a ETA y frustrado al resistirse su conductor. El atacante se fugó junto a una mujer, y se investiga ahora si ambos participaron en los hechos de Capbreton.
GARA
Aunque medios afirmaron que los atacantes «vaciaron el cargador», fuentes oficiales revelaron ayer que ambos agentes sufrieron un único impacto en la cabeza, aunque la bala que mató a Raúl Centeno alcanzó después a la pierna de su compañero.
Las concentraciones contra ETA convocadas por el lehendakari, Eudel y la Federación Española de Municipios y Provincias tuvieron en Euskal Herria una respuesta más institucional que ciudadana, mientras que en capitales del Estado español el silencio previsto fue roto por insultos y descalificaciones hacia el Gobierno o miembros del PSOE asistentes a los actos.
En Euskal Herria, las concentraciones más numerosas se dieron ante los ayuntamientos de Gasteiz e Iruñea, mientras que en el resto de actos predominó la presencia de responsables institucionales y políticos, acompañados de pocas decenas de ciudadanos. Llamó la atención la presencia de banderas españolas, como la que ante el Ayuntamiento de Bilbo sostenían, entre otras, la coordinadora general de España y Libertad y candidata ultraderechista, Yolanda Couceiro.
En alguna de las concentraciones, como por ejemplo la de Gasteiz, pudieron oírse gritos aislados en contra del Gobierno español. Estos lemas, e incluso insultos personales contra miembros del PSOE, fueron, sin embargo, la nota dominante en los actos convocados en capitales de provincia españolas. En Madrid, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Málaga y otras ciudades, los cinco minutos de silencio se vieron rotos por acusaciones de «sinvergüenzas», «traidores» y «asesinos», proferidas contra los representantes del PSOE, a los que gritaban «Cómplices de ETA fuera de ahí» y «Zapatero, haz las maletas y vete con ETA», todo ello acompañado de vivas a España y a la Guardia Civil. El concejal de Madrid Pedro Zerolo tuvo que ser escoltado para impedir que resultara agredido. Entre tanto, los dirigentes del PP fueron aplaudidos.
Según las crónicas, algunos de quienes así se comportaron se presentaron como «víctimas del terrorismo». El PP, por boca de su secretario general, Angel Acebes, rechazó los insultos, pero se negó a criticar a este sector argumentando no tener constancia de que hubieran participado en los incidentes.
En este contexto, cabe destacar que Máximo Campano (PP), alcalde de Vega de Infanzones (León), de donde es originaria la familia del guardia civil muerto, cuestionó el papel del Ejecutivo central en la lucha contra ETA y consideró que «el Gobierno es más culpable que los mismos terroristas».
Por otra parte, continúan los preparativos para la manifestación convocada hoy en Madrid por todos los partidos con presencia en el Congreso, la patronal y los sindicatos españoles. La AVT ha anunciado que no acudirá a la misma, porque considera que antes el Congreso debiera revocar la resolución que permite dialogar con ETA e instar ilegalizaciones. Tampoco el Foro Ermua se siente motivado para asistir.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha anunciado no acudirá a la marcha. como no lo hizo tras el atentado contra la T-4.
