La declaración institucional del Ejecutivo de Lakua, con motivo del Día Internacional del Euskara, sostiene que la cooperación entre «la sociedad vasca y sus instituciones se lleva a cabo de forma absolutamente eficaz en el ámbito del conocimiento del euskara, tal como ponen de manifiesto con claridad meridiana los indicadores de evolución lingüística». Se afirma además que la Ley del Euskara «ha sido nuestro báculo fundamental en el camino hasta aquí».

La citada declaración institucional, que fuera hecha pública por el viceconsejero de Política Lingüística del Ejecutivo de Lakua, Patxi Baztarrika, considera que la Ley del Euskara «no impide hoy nada que la mayoría de la sociedad desee llevar a cabo, ni paso alguno que dicha mayoría se proponga dar en materia de recuperación del euskara y menos aún ha existido, en toda la historia de la normalización del euskara, propuesta o proyecto alguno que hay concitado un consenso más amplio que dicha norma».

Tras aludir a campañas oficiales, al detallar que «tal y como hemos aprendido en nuestra labor durante los últimos años, pixka bat es mucho pues no hay contribución pequeña en el quehacer solidariamente compartido de una normalización lingüística dirigida en la buena dirección, el texto oficial expone que «el esfuerzo que la convivencia nos reclama es una política equilibrada en pro del uso del euskara, basada en el principio de centralidad y alejada de toda tentación extremista».

«Dependencia»

Batasuna, por contra, considera que «no hay nada por celebrar porque el euskara continúa en situación de dependencia; mientras que sigue sin ser oficial en Ipar Euskal Herria y en Nafarroa, en la CAV, tras 25 años de Ley del Euskara, nuestra lengua continúa en situación de vida o muerte. La Administración no ha sido capaz siquiera de euskaldunizarse y en la actualidad, en ámbitos como Osakidetza o la Ertzaintza, los datos de utilización del euskara son muy bajos, inaceptables».

Según Batasuna, en la CAV no se aplican leyes dirigidas a desarrollar el euskara y constata que «no se garantizan los derechos de la comunidad lingüística de los ciudadanos euskaldunes; somos ciudadanos de segunda en nuestro pueblo», añade.

Además, esta formación tilda de negligente la postura de la Administración cuando pide esfuerzos para la utilización, «cuando la utilización social de una lengua debe ser consecuencia de una política lingüística acordada, no al revés».