Los electores venezolanos decidieron rechazar, por un estrecho margen de votos, la propuesta de reforma constitucional presentada el pasado agosto por el presidente Hugo Chávez. Esa iniciativa abría la puerta a cambios determinantes que, sin embargo, pueden hacerse realidad de otro modo, por la acción de gobierno, en los cinco años de mandado que restan a Chávez. Establecía la Constitución el salario mínimo, pensiones de jubilación y baja de maternidad; rebajaba la edad de voto a los 16 años y universalizaba el derecho a votar de los extranjeros que residen en el país.

Sin embargo, apenas han trascendido dos nociones del contenido de esa reforma: la extensión del mandato presidencial a siete años sin límite de reelección y la supuesta abolición de la propiedad privada. Son muchos los estados llamados democráticos en que no existe impedimento para repetir mandato, y por descontado nadie atribuyó un «carácter dictatorial» a Jacques Chirac por permanecer 12 años en el Elíseo o a Felipe González por protagonizar tres mandatos seguidos e intentar sin éxito un cuarto. Por lo demás, el texto constitucional no abolía la propiedad privada, sino que definía cinco tipos diferentes de propiedad: pública, social, colectiva, privada y mixta.

Tales matizaciones resultan pertinentes porque esas informaciones contaminadas han distorsionado el debate y enconado la polarización, como también parece oportuno señalar que a la vista de la tranquilidad con que discurrió la votación, la limpieza de la misma -avalada por observadores del campo del sí y del campo del no-, la celeridad en hacerse oficiales los datos y el inmediato reconocimiento de su derrota por Chávez... el líder venezolano tiene un comportamiento político un tanto inusual en un «dictador».

Ese ejemplo de democracia neutraliza los discursos golpistas y puede dar bazas futuras al proyecto bolivariano. Eso sí, siempre y cuando éste aborde -al margen de presiones externas- la reflexión sobre las prioridades y los ritmos que aconsejan este «pequeño no».