Un colectivo de ex trabajadores de la empresa Esmaltaciones San Ignacio, dedicada a la fabricación de menaje del hogar, denunció ayer la situación «de impotencia y de engaño» por la que están atravesando ante el impago de cantidades de dinero derivadas de la relación laboral que mantuvieron con la empresa, como finiquitos e indemnizaciones.

«Nos sentimos engañados, defraudados y timados por la dirección de la empresa» aseguraron cerca de una veintena de ex empleados de estas empresa, que se encuentra sometida a un procedimiento concursal (suspensión de pagos). Se trata de trabajadores que pactaron el abandono de la empresa en los últimos años con «buenas palabras» y aceptando el pago del dinero que se les adeuda en dos plazos. Sin embargo, ahora «actúan como si no existiéramos».

Indemnizaciones

Algunos de los afectados dejaron Esmaltaciones San Ignacio entre 1991 y 1992, tras pactar un expediente de regulación de empleo en el que la empresa se comprometió a abonar 2.000 euros anuales. Este año sólo han recibido la mitad.

Un segundo grupo salió el año pasado y este año antes de que la empresa iniciara la ley concursal, y no han recibido el segundo plazo de la indemnización que les corresponde por despido improcedente. Aunque acordaron aplazar la mitad del cobro a los seis meses de su salida, el plazo ha pasado y no han cobrado. Se les adeuda entre 6.000 y 8.000 euros por trabajador.

Los trabajadores que salieron tras la Ley Concursal que se aplicó en abril de este año aún no han recibido el finiquito y el segundo plazo de la indemnización, que suponen cantidades entre 10.000 y 12.000 euros por trabajador.

Además, tras el proceso concursal, la empresa no renovó el contrato a varios eventuales que no han cobrado el finiquito y que creen que en realidad se trata de despidos, ya que luego ha contratado a otros empleados a través de ETT. Se les adeuda alrededor de mil euros y han recurrido la extinción de su relación laboral. Finalmente, un trabajador cuenta con una sentencia favorable del TSJPV que establece el cobro de una cuantía equivalente a un despido procedente, de 45 días por año trabajado, de lo que no ha cobrado nada.

La actual plantilla de Esmaltaciones también tuvo que movilizarse para que la empresa pagara sus salarios, lo que consiguió tras la intervención de los tribunales.