A los jueces del Tribunal Constitucional les espera más trabajo desde que, esta semana, las dos cámaras del Parlamento alemán hayan aprobado la ley de la Colección Preventiva de los Datos de Comunicación y la modificación de la de vigilancia de las telecomunicaciones. Tanto el partido de la oposición Die Linke como organizaciones de derechos civiles han anunciado que recurrirán sendas leyes ante la Corte Constitucional de Karlsruhe. Para ello han reunido unas 15 000 firmas.

El optimismo de ganar es grande porque en los años 80, el mismo tribunal falló que cada ciudadano tiene el derecho de determinar qué informaciones quiere dar y a quién. En el caso de estas dos leyes, ese derecho será vulnerado porque los ciudadanos no saben quién tiene acceso a los datos y qué se hará con ellos.

La ley de Colección Preventiva de los Datos de Comunicación prevé que todas las compañías telefónicas y servidores de internet almacenen durante seis meses todo tipo de contacto hecho por los dos medios. En el caso de los teléfonos fijos, han de guardar por cada número la fecha, hora y duración de la llamada más el número marcado. Respecto a los teléfonos móviles y los SMS, han de almacenar además los números de los móviles utilizados (IMEI), las tarjetas SIM (IMSI) y la célula donde se encontraba cada aparato en el momento del contacto. En torno a los mensajes electrónicos y la telefonía por internet, los proveedores están obligados a guardar además de la fecha, hora y duración, la identificación del usuario y el número IP de su ordenador. Mediante la correspondiente ley los alemanes han aplicado una directiva de la Unión Europea.

La modificación de la ley de vigilancia de las telecomunicaciones liquida tanto el secreto de la correspondencia, garantizado por la Carta Magna, como también la protección de la comunicación de determinadas profesiones. En adelante, la Policía alemana puede intervenir incluso las telecomunicaciones de médicos, terapeutas y periodistas. Los únicos no «escuchables» son los clérigos, diputados y letrados de derecho penal. Un juez ha de decidir si vale más el interés del Ejecutivo en obtener determinadas informaciones o el del periodista en mantener en secreto la fuente de sus informaciones.

De hecho, la Policía está haciendo caso omiso incluso de la legislación vigente. Recientemente, se descubrió el caso de un activista de izquierda que mantenía contactos con periodistas. La Policía le había intervenido el móvil y transcribía todas las conversaciones -incluso aquellas con periodistas-. Lo último era ilegal. El colmo llegó a ser que cuando se detuvo al activista, la Fiscalía mandó a su abogado las transcripciones con los nombres en claro de los periodistas.

Que este grupo es el que más interés despierta en la Policía y en los servicios secretos lo demuestra el caso de Andreas Förster, redactor del diario berlinés «Berliner Zeitung" y conocido por sus artículos sobre los servicios de inteligencia. A principios de 2006, se enteró de que el servicio secreto exterior, el BND, le había espiado durante años. Eso era ilegal porque la institución carece de esa competencia para el interior del país. Sólo puede realizar actos de espionaje en el extranjero mientras que sí puede intervenir todas las comunicaciones entrantes y salientes. El presidente del BND, Ernst Uhrlau, pidió disculpas pero Förster exigió ver las informaciones que el servicio había coleccionado. El BND le facilitó poco más que sus señas. Entonces el periodista se querelló contra el servicio en el Tribunal Federal Administrativo de Leipzig. Los jueces le dieron la razón. Ahora, el BND no sólo tiene que darle a él las requeridas informaciones sino también a todos los demás periodistas que lo soliciten. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa aboga por estrechar el control sobre todos aquellos periodistas que informan del KSK, tropa de élite de las Fuerzas Armadas y tan clandestina que ni siquiera al Parlamento se le informa de sus acciones.