Jasone MITXELTORENA

El pasado 19 de mayo, la Policía Municipal de Iruñea participó en el desalojo del Palacio del Marqués de Rozalejo, ubicado en Nabarreria y ocupado como nuevo gaztetxe. Hubo 46 detenidos y vecinos de Alde Zaharra denunciaron públicamente que la Policía Municipal había disparado contra sus ventanas y balcones unas bolas blancas que provocaban irritación en los ojos y la garganta al deshacerse. Un ex agente que ha desvelado a GARA datos de la inquietante evolución de este cuerpo policial confirma que se trataba de «gas pimienta». Y asegura que no es el único procedimiento «novedoso» introducido por la actual dirección: «Simón Santamaría ha llegado a repartir porras extensibles entre los agentes. Las ordinarias son de madera; éstas, de acero. Pero se hicieron llegar a un grupo concreto...», matiza.

La ofensiva desatada contra los okupas ha ido revelando la existencia de un grupo especial de actuación caracterizado por su violencia. Dentro de la Policía Municipal se les denomina «los enfermos», según explica esta persona que preserva su identidad por motivos obvios. Se trata de un grupo de confianza que dispone de material antidisturbios («chalecos, bocachas...») y al que se dirigen directrices inequívocamente políticas: «Un oficial informó a los agentes de que poseer pegatinas de Segi podía ser derivado a la Audiencia Nacional», narra.

Esta fuente asegura que alguno de estos municipales ha llegado a participar en manifestaciones del ultra Sáenz de Ynestrillas. Y alguno de ellos «ornamentó incluso su pistola con la bandera española. Le llamaron la atención; en el cuerpo está prohibido manifestar la ideología mediante símbolos».

Represalias tras el Euskal Jai

La evolución de la Policía Municipal ha llegado de la mano de Simón Santamaría, el jefe a quien la alcaldesa mantiene en el cargo pese al rechazo de la mayoría municipal, y que ni siquiera ha tenido que dar explicaciones por actuaciones como la que derivó en la muerte de una mujer de etnia gitana en agosto en Errotxapea.

El punto de inflexión de esta escalada fue quizás el desalojo del gaztetxe Euskal Jai en agosto de 2004. Este ex policía cuenta que «cuando llegó el día y se repartieron las `tareas', algunos se negaron a participar, y se encontraron con destinos `poco agradables'. Así, mientras los que se dirigieron al Euskal Jai iban con el rostro tapado, a otros los destinaron a cubrir las calles colindantes, con la cara descubierta y por tanto expuestos a lo que viniera. No es casualidad...». El grupo de «los enfermos» tuvo gran protagonismo en aquel desalojo y derribo, y la persecución a los jóvenes ha sido una constante después, hasta llegar al altercado que ha derivado en el encarcelamiento del joven Xabier Errea. Este ex agente afirma que dentro del cuerpo «está reconocido que eso fue un montaje».

La tensión provocada por esta deriva no sólo ha tenido reflejo en las calles de Iruñea y en la posición mayoritaria del Pleno, sino también dentro del cuerpo. Esta fuente que ha conocido la situación interna de primera mano no sólo detalla represalias como la denominada «Barrios» («patrullar a pie, a la intemperie y normalmente sin estar acompañado»), sino también una intensa labor de control generalizado sobre los agentes, a través de un código radiofónico. Por otro lado, se mantiene la práctica del saludo militar, pero la novedad es que la normativa que se aprobó hace pocos años prevé sanciones por no hacerlo o por no llevar la gorra.

Se asegura que la creciente presión sobre los policías y las situaciones creadas directamente por Santamaría han provocado bajas por depresión. Es el caso de un agente condenado a 3.000 euros por romper un diente a una persona en la Avenida de Zaragoza y que no se sintió respaldado por su jefe. Santamaría es en realidad mucho más que un mando; no duda en actuar en primera línea en casos como el de los Olentzeros. En 2004 fue juzgado -salió absuelto- acusado de golpear a una mujer en una protesta popular .

Este ex agente aporta una explicación añadida para esta deriva: «Hoy hay trabajo, así que los que se presentan a este cuerpo lo hacen por vocación policial. Esto potencia la militarización. Y la Policía Municipal acepta de todo, porque necesita gente que ejerza».