El Consejo de la Juventud de Euskadi dio ayer a conocer su último informe acerca del gasto público que el Ejecutivo de Gasteiz y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa dedican a políticas de vivienda, en el que se pone en cuestión la actuación de las cuatro administraciones, especialmente de Lakua. Igor Mera, técnico de Vivienda del Consejo, afirmó ayer que la política del departamento que dirige Javier Madrazo es «un parche pequeño y mal orientado».

Mera criticó que el Plan Director de Vivienda 2006-2009 «sólo se plantea destinar un 22% del total de viviendas al mercado de alquiler, cuando se dice querer hacer una apuesta preferente por el mismo», apuntando que las promociones de VPO, vivienda tasada y derecho a superficie han alcanzado ya un grado de cumplimiento del 65%. Frente a esta reflexión, comentó que a día de hoy los jóvenes destinan el 81,5% de su salario a la adquisición de un piso, frente a lo que sucedía en 2004, cuando necesitaban el 64% de sus ingresos.

Este dato, que muestra el sobreendeudamiento de la población, especialmente los jóvenes que desean acceder a su primera vivienda, indica, a su juicio, «que la intervención pública en materia de vivienda no ha sido ni todo lo eficaz ni todo lo potente que debiera para dar un vuelco a una situación que ha empeorado».

Para el Consejo, la intervención pública en materia de vivienda, «a pesar de los cambios observados, no ha sido ni todo lo eficaz ni todo lo potente que debiera para dar un vuelco a la situación, de hecho ha empeorado, para poner el derecho a la vivienda en vías de reconocimiento efectivo en un plazo razonable».

Tras analizar los presupuestos del Gobierno de Gasteiz de los últimos cinco ejercicios, subrayan que las partidas dedicadas a esta materia se han estancado e incluso han perdido peso. «De hecho si en 2002 vivienda suponía un 2,04% del presupuesto general, la previsión recogida por el proyecto de presupuestos para 2008 se sitúa en un 1,95%», inciden.

En sus conclusiones, el Consejo de la Juventud de Euskadi señala que la administración pública de la CAV «sigue los dictados económicos dominantes. La progresiva reducción de la presión fiscal, el incremento del gasto fiscal y una política de reducción de la deuda pública -enumera- han aligerado la intervención pública del conjunto de las administraciones».

Esta práctica -según el organismo juvenil de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa- es el causante de la diferencia existente frente a la Unión Europea respecto al gasto en protección, que se establece en 4.000 millones de euros de gasto anual, con estimaciones de 2005. Reclamaron por tanto mayor inversión, o similar a la destinada a Educación o Sanidad.

Su apuesta es por la redistribución de la riqueza, reduciendo, por ejemplo, el peso del gasto fiscal. Así, estiman que su aplicación en el ámbito de la vivienda «además de ser regresivo y poco solidario es uno de los elementos causantes del desequilibrio entre tenencia en propiedad y acceso en alquiler a la vivienda y de la propia subida de los precios de la vivienda libre».