Dos rotativos editados en Madrid, «El Mundo» y «El País», coincidieron ayer en que la ilegalización de ANV y EHAK «en el mismo paquete», estaría ya decidida, tanto por parte del Gobierno español como de la Fiscalía General del Estado. En ambos reportajes, además, se sitúan como horizonte temporal las elecciones para el Congreso español que se celebrarán el próximo mes de marzo. Incluso llegan a señalar que la presentación de la demanda de ilegalización podría darse en torno al 7 de enero, fecha en la que muy posiblemente se disolverán las Cortes y se convocarán las elecciones.

El objetivo, en cualquier caso, sería que la izquierda abertzale no pudiera concurrir a esa cita electoral por tener sus posibles «marcas» fuera de la circulación y por no contar con tiempo suficiente para buscar una alternativa que le permita participar dentro de los marcos legales.

«ANV no condena»

Si bien ambos reportajes se ponen de acuerdo en el objetivo, incluso en los plazos, no ocurre lo mismo en cuanto a los motivos en los que se fundamentaría la demanda de ilegalización. Porque mientras «El Mundo» subraya una y otra vez que «la negativa de los dirigentes o representantes de Acción Nacionalista Vasca a condenar los atentados de ETA» no constituye un elemento «determinante» para la ilegalización, «El País» destaca bajo el epígrafe «ANV no condena», manifestaciones de representantes de esta formación política ante diferentes hechos de violencia, y asegura que «el Gobierno cree que esta actitud suma razones para promover la ilegalización del partido».

Más allá de matices, sin embargo, ambos artículos señalan como inevitable la ilegalización de los dos partidos que hoy en día representan el proyecto de la izquierda abertzale en distintos ámbitos de la vida política vasca. En el caso de «El Mundo», además, y a pesar de reconocer que los elementos con que cuenta la Fiscalía «no son suficientes para instar la ilegalización de esos partidos», se señalan elementos que supues- tamente pudieran figurar en los informes policiales elaborados tras la operación contra la Mesa Nacional de Batasuna del pasado mes de octubre. En función de esos datos, «El Mundo» asegura que hay «más elementos probatorios contra EHAK que contra ANV».

En lo que se refiere a las vías que Fiscalía y Gobierno pudieran utilizar para ilegalizar los dos partidos abertzales presentes en Parlamento de Gasteiz, ayuntamientos y Juntas Generales, «El País» apunta a que el Gobierno de Rodríguez Zapatero estaría barajando repetir de alguna manera el proceso del Gobierno de José María Aznar contra Batasuna. De ser ese el camino elegido, la Fiscalía General del Estado presentaría la demanda de ilegalización solicitando a la vez la convocatoria de urgencia de la sala del 61 del Tribunal Supremo, encargada de la aplicación de la Ley de Partidos, coincidiendo con el proceso penal puesto en marcha por el juez Baltasar Garzón, que llevaría a la suspensión de actividades. Todo ello para conseguir que, a pesar de la premura de tiempo, la ilegalización fuera un hecho antes del 9 de marzo.

«No se puede permitir un no»

El ministro del Interior español, Alfredo Pérrez Rubalcaba, en referencia a la posible ilegalización de las formaciones independentistas vascas, aseguró ayer que «no se puede permitir un no de los tribunales» cuando se presente la demanda de ilegalización. Así, aseguró que «la Fiscalía trabaja, la abogacía trabaja y las fuerzas de seguridad trabajan desde que ANV decidió reaparecer en la vida política después de muchos años de una vida legal pero lánguida».

El objetivo de los aparatos del Estado sería, según Rubalcaba, comprobar si ANV era «una formación ajena a Batasuna o por contra una herramienta de Batasuna», ya que, según el ministro español, «lo primero es legal y lo segundo ilegal». En caso de que hubiera pruebas de este segundo supuesto, aseguró, «lógicamente trabajarán los tribunales, la abogacía y el fiscal, y en eso estamos».

Por su parte, el portavoz de la izquierda abertzale Pernando Barrena advirtió de que «insistir en las ilegalizaciones no va a dar ningún resultado positivo», ya que, en su opinión «toda la clase política y el Gobierno español sabe que no hay solución sin la izquierda abertzale, ya que siempre va a haber una gran masa social que abanderará el proyecto de izquierdas».

En cuanto a la posible ilegalización de más formaciones independentistas, Barrena denunció que se trata de una decisión política «que busca la rentabilidad partidista y electoral».