Sólo los más poderosos a nivel económico tienen la capacidad de blindarse ante las haciendas para evadir, defraudar en el pago de impuestos o aplicar la ingeniería fiscal que resulte más favorable a sus intereses, es decir, pagar lo menos posible a las arcas comunes de todos los ciudadanos. La mayoría, sin embargo, son rentas de trabajo de asalariados que están controladas con lupa. Así, es casi imposible eludir el pago de impuestos. Todo esto viene a cuento, porque los inspectores fiscales han desvelado recientemente que la economía sumergida en el Estado español supera, cuando menos, el 23% del PIB, en torno a los 225.621 millones. Este porcentaje coincide con los datos que maneja la OCDE en este tema. En Hego Euskal Herria ese porcentaje es similar, según las diferentes apreciaciones de los expertos fiscales (IHE), por lo que la economía sumergida superaría los 17.000 millones, el doble de la recaudación que obtienen en un año las haciendas de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Según los datos de la OCDE, sólo Grecia, con un porcentaje del 35% de economía sumergida en relación al PIB, e Italia, con un 26%, superan el nivel de la ocultación que se produce en el Estado español. En el Estado francés se sitúa en el 14%, como en Alemania y Holanda; en Gran Bretaña está en el 13%; en el 10%, en Irlanda; en el 7%, en Austria, Suecia y Dinamarca; mientras que Finlandia lo sitúa en el 4%. El «club de los países más desarrollados» reconoce que ni Portugal ni Luxemburgo aportan estimaciones de la economía sumergida.

La OCDE también precisa datos de Polonia (33%), Hungría (31%), Croacia (29%), Eslovaquia (23%) y República Checa (16%).

Las administraciones públicas no se suelen referir a esta situación porque saben que no están poniendo los medios adecuados para aflorar esa ocultación tan importante de la actividad económica. Repercute de manera negativa en una parte importante de los trabajadores, ya que disponen de empleos sin contrato alguno y, por lo tanto, ni cotizan los empresarios ni pagan impuestos por esa actividad oculta.

En 2005, el actual presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aureliano Martínez, señaló que la economía sumergida varía entre el 20% y el 25% de la riqueza generada, aunque admitió que es difícil situar cuál es el porcentaje concreto. Un año antes, el Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales la situó en el 20% del PIB y en 2003, el Ministerio español de Economía precisó ese porcentaje en un 21%.

La realidad es que este fenómeno de ocultación de la la riqueza es creciente. Un efecto directo: al menos un 5% de los trabajadores no tienen ni contrato de trabajo ni cotizan a la Seguridad Social, aunque estas estadísticas oficiales son bastante benévolas. Siguiendo esos datos, en Hego Euskal Herria habría 60.000 trabajadores sin derechos sociolaborales al no contar ni con contrato ni con cotizaciones a la Seguridad Social. Es una cantidad elevada, porque, para hacernos una idea, supone un volumen de más de 15 factorías como las de Mercedes Benz en Gasteiz o Volkswagen en Iruñea, que son los pilares de la actividad económica, industrial y exportadora de Araba y Nafarroa, respectivamente.

senda creciente

Diferentes expertos realizaron un estudio de impacto de la economía sumergida en la Unión Europea. La principal conclusión a la que llegaron fue que «el trabajo ilegal está aumentando en toda Europa» y, por lo tanto, «también la economía sumergida». El actual comisario de Empleo, Vladimir Spidla, reconoce que «la economía sumergida merma la financiación de los sistemas de seguridad social, obstaculiza las buenas medidas económicas y puede conducir al dumping social». Lo más preocupante para este responsable de la Comisión Europea es que «no hay indicios de que el fenómeno esté disminuyendo; es más, en algunos sectores y formas de trabajo está aumentando».

Para terminar con esta situación, el máximo órgano de la Unión Europea no propone actuar contra los empresarios que están llevando a cabo esas actuaciones irregulares e ilegales, sino que pide establecer unos «salarios mínimos» que «reduzcan la práctica de los sueldos en mano». También avanza que sería necesario que se reduzca la fiscalidad sobre las horas extraordinarias, «porque tienden a alentar el trabajo irregular».

Con esta apuesta, la Administración europea sale en apoyo de quienes ocultan sus cuentas a Hacienda y trata de desregular, todavía más, las reglas de juego en el mercado laboral. En realidad, la Unión Europea busca avanzar en una precarización del mercado laboral, porque la economía sumergida ahonda en la eliminación de cualquier derecho laboral. Por lo tanto, reducir las cargas fiscales a los empresarios, que cada vez pagan menos por el Impuesto de Sociedades y otros impuestos, no llevará aparejado una mejora de las condiciones de trabajo de quienes no tienen ni contrato de trabajo ni derechos laborales.

En este caso, un estudio de ELA reconoce que la presión fiscal en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es inferior a la media de la Unión Europea y, sin embargo, la precariedad laboral dobla los niveles medios europeos. De hecho, se conoce que en los presupuestos de los gobiernos autonómicos de Gasteiz e Iruñea se ha presupuestado ya una cantidad de 854,1 millones que se perdonarán a los empresarios por el Impuesto de Sociedades. Todo esto ocurre en un momento en el que los beneficios son crecientes. El último informe del Banco de España sobre el resultado de las empresas no financieras hasta el tercer trimestre de 2007 indica que «mantienen ratios de rentabilidad que, si bien son inferiores a los de 2006, son positivos y elevados». En este caso, se reafirma en que el beneficio neto sobre el valor añadido de las empresas creció en los nueve primeros meses en un 35,7%, «lo que indica la buena situación en la que siguen inmersas las empresas no financieras. Es un valor que se sitúa entre los niveles más elevados de la serie trimestral», según certifica el informe del Banco de España.

El Eurobarómetro determina que el trabajo no declarado en la UE no retrocede y, sin embargo, está provocando una mayor desigualdad entre los trabajadores, mientras que los empleadores «se enriquecen a costa de no pagar impuestos que les deberían de corresponder». La economía sumergida afecta más a la mujeres, ya que se calcula que un 12% de las mismas trabajó durante el último año sin contrato, mientras que el porcentaje de los hombres se reduce al 9%. En ese informe europeo, publicado hace unas semanas, se reconoce que se recurre al empleo sin derechos porque «se pagan salarios más bajos».

Los datos indican que un 11% de los trabajadores sin contrato realizó en el último año más de 500 horas, pero un 3% de los trabajadores realizaron entre 1.000 y 1.500 horas anuales, por encima de la jornada media europea. «El número medio de horas del trabajo no declarado se sitúa en las 200 horas al año». Por sectores, es el trabajo doméstico el que más irregulares acumula con un 19%, seguido de la la Construcción con el 16%. Destaca, por último, que un 21% de los trabajadores irregulares no tienen seguro de accidente de trabajo y están expuestos al riesgo.