El doble atentado con bomba que sacudió ayer Argel es la cruel demostración de que la crisis que desangró al país entre 1992 y 1998 sigue sin encontrar una vía de solución. La presidencia de Abdelaziz Bouteflika, que alcanzó el poder en 1999, no ha respondido a las expectativas de la mayoría del pueblo argelino ni en el orden político ni en el orden social. Y son esas graves deficiencias las que sirven de caldo de cultivo a ese rebrote de las acciones armadas en contra de un régimen sobre el que el Ejército sigue manteniendo una férrea tutela. El modelo de gobierno autoritario, cuya prioridad básica era y es la seguridad, recibió el aval inicial de muchos argelinos, deseosos de que el país dejara de desangrarse en una penosa guerra interna, y en particular de los gobiernos de la UE, que prefirieron primero un golpe de estado al triunfo del FIS, y avalaron a continuación la represión sin límites y la exclusión del escenario electoral argelino del islam político. El sentido de esa actuación europea, en apariencia tan incompatible con la promoción de los valores democráticos en el Magreb, no era otro que el de utilizar a Argelia como barrera de contención del islamismo armado y de preservar las explotaciones de sus recursos energéticos. La variable del llamado «terrorismo internacional» no explica por sí sola la violencia estructural argelina.