Debería estar comúnmente aceptado que los políticos, que han de tomar decisiones que atañen a toda la ciudadanía, tienen que contar con un sueldo digno. Sin embargo, determinadas decisiones hacen dudar de su dignidad. No es admisible que los mismos parlamentarios que cada año elevan a regañadientes la renta básica un 1% del Salario Mínimo Interprofesional (en la actualidad está en el 88% del SMI, 502 euros), decidan por sí mismos subirse sus sueldos hasta un 10,75%, como harán mañana en la Comisión de Urgencia Legislativa, Reglamento y Gobierno del Parlamento de Gasteiz.

Habrá que ver cómo lo justifican, pero es muy poco comprensible que por un lado equiparen sus emolumentos a los de los altos cargos del Gobierno de Lakua y a las subidas de sueldo previstas para éstos, y además provean un fondo para sumar a estos incrementos los que puedan tener también los trabajadores de la Cámara. Eso son dos subidas en un mismo ejercicio. Y es irritante que a esto se le sumen sobresueldos que para dos tercios de la Cámara superan los 600 euros ( el SMI previsto para 2008) a base de dietas de locomoción, que se cobran hasta en vacaciones, y subvenciones para el uso de teléfonos móviles. ¿Un parlamentario que cobra 70.787 euros brutos anuales, que pertenece a un grupo que percibe 220.000 euros anuales de subvención y 36.654 por cada escaño no puede pagarse el gasto de sus llamadas de móvil?

Por otra parte, resulta llamativo -por no decir inquietante- que la institución que escudriña públicamente las cuentas del Gobierno se encierre en el secretismo para debatir su propio presupuesto, que se aprueba en una sesión de apenas un par de horas y casi sin debate. Porque resulta igualmente llamativo e inquietante que los partidos que nunca alcanzan consensos semejantes firmen acuerdos casi unánimes -desde el PP a EB y Aralar, con la única excepción de Ezker Abertzalea- al tratar de sus propios dineros. ¿Para cuándo un debate serio y en profundidad sobre la financiación de los partidos, meollo de esta cuestión?