La contención del gasto es el principal objetivo de las sucesivas reformas de la normativa sobre Seguridad Social y en la última modificación se recogen una serie de recortes que afectan a las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente, según constató ayer el profesor de la UPV y experto en Seguridad Social Mikel de la Fuente, quien compareció en Bilbo junto a Mikel Noval, responsable de temas sociales de ELA.

En su estudio «El acuerdo sobre pensiones de 2006» De la Fuente recoge las sucesivas reformas de pensiones aprobadas en el Estado español, un proceso que tiene «como único objetivo la reducción del gasto en pensiones».

En la comparecencia explicó que, tras la nueva reforma, «van ser necesarios quince años reales» para acceder a la pensión de jubilación, cuando antes «a efectos prácticos» eran trece años o menos. Esta modificación tendrá efectos directos sobre los regímenes especiales, aquellos en los que se encuadran sectores precarios como el de las empleadas del hogar.

Las modificaciones también endurecen el acceso a las pensiones de incapacidad permanente, ya que «ahora va a depender de los años cotizados» y si ese periodo es corto, «se va a producir una reducción importante». Explicó que hasta ahora, «era necesario cotizar unos tiempos mínimos, pero, una vez se alcanzaban, daba igual que se hubiera cotizado justo lo mínimo o más».

El recorte también se ha plasmado en las expectativas generadas sobre la compensación a quienes se jubilaron anticipadamente antes del 2002. Explicó que por cada año de anticipación se penalizaba un 8% y en 2002 ese coeficiente pasó a ser del 6%. «Las asociaciones de jubilados y los sindicatos han reclamado persistentemente que se equipararan ambas situaciones, algo que estaba pendiente y esta ley ha resuelto de forma muy insatisfactoria, ya que fija cuantías fijas más bajas que la resultante de aplicar de los coeficientes más favorables».

La nueva normativa también prepara el terreno para «el aumento de la edad de jubilación», al incentivar a quienes siguen trabajando por encima de los 65 años. Dificulta, al tiempo, el acceso a las jubilaciones parciales.

De la Fuente denunció que se está produciendo una reducción del gasto cuando áun no se ha producido el aumento. Explicó que se prevé un incremento del gasto por la longevidad de la población para 2018-2020. «Hasta esa fecha no es necesario un recorte ya que todos los años se produce superávit. El aumento del gasto que se produce es relativamente pequeño y el gasto en pensiones es perfectamente asumible», subrayó.

«Sustento ideológico»

Estos recortes y obstáculos en el acceso a las pensiones son fruto del «proceso permanente» de reformas sustentado sobre «el recorte del gasto» y emanan del «diálogo social», sentenció Mikel Noval, responsable de asuntos sociales en ELA.

Tras reclamar un marco vasco de relaciones laborales, el sindicalista de ELA manifestó que esta estrategia de recortes «tiene un sustento meramente ideológico, no científico y detrás de ella hay intereses económicos y financieros concretos a los que tratan de favorecer estas reformas».

Recordó, así, que quienes antes decían que el sistema estaba en crisis, subrayan ahora que «hay que seguir recortando para evitar la crisis».

Según indicó Noval, «se trata de fomentar los sistemas privados de pensiones y vender la ilusión de que lo que no se puede hacer por la vía pública, se puede hacer por la privada, algo que no es así».