Si quieren contemplar dos visiones radicalmente enfrentadas respecto de una misma realidad, lean los editoriales que ayer publicaban «El Correo Español» y «Diario de Noticias» en relación a la admisión a trámite del recurso de Batasuna en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Decían en «Diario de Noticias» que «por más que el Ministerio español de Justicia manifieste tranquilidad, por más que disimulen inquietud, la Abogacía del Estado sabe que el Tribunal de Derechos Humanos admite a trámite apenas un 1,5% de las demandas que recibe, y que se pronuncia a favor en el 80% de las que admite a trámite. Tanto Batasuna como el Gobierno miran ahora a Estrasburgo, con una diferencia: que Batasuna no puede quedar peor que lo que está y que al Gobierno español le espera una crisis institucional de incalculables consecuencias. Una crisis que, por supuesto, no se la va a comer solo el actual Ejecutivo sino que salpicará al partido que la impulsó, el PP, a las más altas instancias de la magistratura y a la mayoría de los medios de comunicación que jalearon y jalean lo que puede resultar un disparate jurídico si Estrasburgo así lo decide».

Lo del disimulo va a ser cierto, porque el de «El Correo Español» se apresuraba a tranquilizar a sus gentes de la fachenda: «los demandantes alegaron que la Ley de Partidos fue promovida precisamente para hacer posibles dichas sentencias. El establecimiento de normas 'ad hoc' desvirtúa e incluso vulnera el carácter garantista de nuestro Estado de Derecho. Pero en el caso de la reformada Ley de Partidos no se trató de legislar como respuesta a un hecho que se pretendiera convertir en delictivo, o a tenor de un conflicto puntual que hubiese evidenciado carencias legales. Antes al contrario, se trató de acabar con la utilización de las libertades fundamentales para demolerlas mediante la perpetuación de una trama terrorista que venía combinando, durante décadas, una estructura clandestina con una faz incluso institucional. De manera que ni la Ley ni las sentencias del Supremo y del Constitucional niegan la libre asociación, sino que es justamente a la inversa: ponen fin a la impunidad en que se movía la izquierda abertzale dando cobertura organizada y pública al terrorismo etarra». Ya veremos. Y recordaremos lo escrito.