la ilegalización, en estrasburgo
El Gobierno español pide tranquilidad y mantiene la amenaza contra ANV
El Ejecutivo español sostiene que el proceso de ilegalización de formaciones independentistas fue «respetuoso con la legislación», así como con los derechos humanos. Así lo aseguró ayer en Bruselas José Luis Rodríguez Zapatero. Su vicepresidenta añadió que la admisión del recurso no condicionará su ataque a ANV.
GARA | MADRID
La vicepresidenta primera del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, quiso resaltar ayer que la admisión a trámite del recurso contra las ilegalizaciones de partidos vascos por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo «no prejuzga nada. Sólo se ha admitido parcialmente a trámite, no tiene nada que ver con el fondo» añadió en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Las declaraciones de De la Vega precedieron a las del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien expresó desde Bruselas su convencimiento de que «todo el proceso de ilegalización que se desprende de la Ley de Partidos es un proceso respetuoso con la legislación, los valores democráticos y los derechos humanos».
En la misma línea, la vicepresidenta se mostró convencida de que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional estuvieron «plenamente fundamentadas» y fueron respetuosas con el ordenamiento jurídico español y los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sin embargo, a diferencia de Zapatero, que no quiso pronunciarse acerca de si la decisión del tribunal europeo puede influir en el objetivo de ilegalizar a ANV o EHAK, Fernández de la Vega confirmó que la admisión a trámite no variará la actual hoja de ruta del Ejecutivo español, negando que la decisión del Tribunal de Estrasburgo pueda hacer replantearse la amenaza dirigida ahora.
«El Gobierno va a seguir actuando como lo ha hecho, aplicando con rigor, con firmeza y con contundencia la ley a quien la incumpla», añadió De la Vega, en consonancia con el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, quien constató que trabajan «en la búsqueda de indicios o circunstancias sobrevenidas que puedan poner de manifiesto actividades ilícitas de ANV», de cara a una eventual ilegalización.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso español, Diego López Garrido, se mostró convencido de que el Tribunal de Estrasburgo «apreciará que Batasuna considera que la violencia puede estar justificada, lo cual va en contra de los derechos humanos».
El PP, por su parte, espera que el Ejecutivo «se emplee a fondo» para que el recurso no prospere. El senador y coordinador de la campaña electoral, Pío García Escudero, manifestó ayer que, de hacerlo, sería «un bofetón para todos los españoles». Según García Escudero, en la admisión a trámite «ha tenido una influencia importante» el informe que envió a Estrasburgo el abogado del Estado hace un año y medio, en una coyuntura política bien diferente.
El PP interpreta que el abogado del Estado «dijo que las circunstancias habían cambiado y que se estaba en un momento de negociación, que Batasuna quería utilizar la vía pacífica, y creo que eso ha tenido una influencia», añadió.
También terció en el tema Jaime Mayor Oreja, europarlamentario y ex ministro de Interior, que pidió que el Gobierno «haga valer su poder democrático» en Europa. Abogó por «remendar la falta de contundencia del Ejecutivo» e insistió en la necesidad de ilegalizaciones, «no sea que luego tengamos segunda parte de la negociación».
Pese a que José Luis Rodríguez Zapatero no quiso pronunciarse en Bruselas al respecto, la vicepresidenta Fernández de la Vega afirma que no variará la hoja de ruta que persigue ilegalizar a ANV y/o EHAK.
Vecinos de Lizartza han anunciado el inicio de una dinámica de recogida de firmas en torno a una declaración muy simple: «Los firmantes de este escrito nos posicionamos contra la situación antidemocrática generada por Regina Otaola. Nosotros, los ciudadanos de Lizartza, nos bastamos para gestionar el pueblo». La iniciativa se pone en marcha después de que la alcaldesa del PP, que tomó el cargo con apenas unas decenas de votos valiéndose de la Ley de Partidos, haya multiplicado sus iniciativas mediáticas.
Los impulsores de esta iniciativa explicaron que su intención es presentar los apoyos que reciban en instituciones vascas, españolas y europeas. Y lanzaron un llamamiento a aparcar todo tipo de diferencias ideológicas y sumarse a una dinámica que no tiene otro objetivo que el citado en el documento de rechazar la «situación antidemocrática».
La recogida de firmas tiene ya dos citas concretas: mañana, 16 de diciembre, y el próximo domingo, día 23, en la plaza de la localidad. Allí se instalarán mesas desde las 10 a las 14 y desde las 16 a las 20. Advirtieron de que posteriormente habrá ocasión de seguir estampando la firma, pero de que el plazo para ello es limitado, así que invitan a sumarse cuanto antes.
Los impulsores de esta iniciativa son vecinos de Lizartza perfectamente identificados con su nombre y apellidos. El grupo promotor está compuesto por catorce personas, según explicaron en la comparecencia celebrada en el pueblo en la noche del jueves.
La formación más votada en Ondarroa, ANV, sigue ausente del Consistorio conformado finalmente por la Gestora nombrada por el PNV. En una rueda de prensa, el grupo ekintzale ha recordado que sobre la mesa de esta formación sigue habiendo una segunda propuesta de acuerdo que puede servir para encauzar el conflicto. «La ley ofrece opciones para ello, y el PNV lo sabe. Esperemos que cambie la actitud mantenida hasta el momento», indicaron sus representantes.
Esta comparecencia estuvo marcada por la decisión recientemente filtrada adoptada por el PNV de expulsar del partido a cuatro afiliados que se negaron a tomar los cargos debido a la situación provocada por la ilegalización, lo que derivó en la conformación de la Gestora. Entre ellos se encuentra el ex alcalde, Aitor Maruri. La medida ha sorprendido por su alcance y ha creado intenso revuelo en el PNV de Ondarroa.
ANV no entra a valorar esta decisión, pero sí la sitúa como «consecuencia directa» de la coyuntura provocada por el «apartheid». Y añade que «refleja claramente dónde está el principal obstáculo para encontrar una solución. Como dijimos y reiteramos en el mes de julio, el futuro de Ondarroa se decidía fuera de Ondarroa. La estructura del PNV fue arrinconada y Sabin Etxea tomó la decisión de cerrar la puerta a cualquier acuerdo con ANV. La dirección del PNV ha sido el mayor obstáculo y la mayor interesada en ello. Y esta expulsión es la constatación más seria»
