El tema de la inmatriculación por parte de la Iglesia navarra de iglesias, ermitas, cementerios, casas curales... que de siempre han sido propiedad comunal a través de los ayuntamientos y concejos, está teniendo gran repercusión en nuestra comunidad, y no sólo entre los creyentes.

Las inmatriculaciones vienen de lejos, de los tiempos del anterior arzobispo Sebastián, el que prometió a su llegada a la Diócesis que aprendería euskera, cosa que no hizo, y que trabajaría por Nafarroa... Y bien que trabajó, a destajo, pero para la inmobiliaria del Vaticano, y ahora estamos viendo los resultados: más de un millar de iglesias, ermitas, cementerios y otros bienes de valor económico incalculable registrados a nombre del Arzobispado, quedando en última instancia como propietario un estado extranjero.

Siguen insistiendo en que las inscripciones se hacen «a nombre de las parroquias», lo cual no es cierto, porque las parroquias no tienen entidad jurídica, y aunque la tuvieran, los bienes son públicos, no de las parroquias. El Arzobispado no puede demostrar sus propiedades mediante el título de adquisición, o el modo en que fueron adquiridos esos inmuebles, porque no existen. Los archivos de los ayuntamientos y concejos navarros están llenos de documentos de propiedad y otras facturas y anotacio- nes que demuestran que fueron ellos quienes a lo largo de los siglos han corrido con los gastos de construcción y mantenimiento. Por esto están pleiteando los ayuntamientos de Uharte Pamplona, Auritz-Burguete... y lo harán en el futuro otros más.

¿Por qué se ha llegado a esta situación? Porque aquí todavía no se ha dado la necesaria separación entre lo civil y lo religioso. Tenemos el ejemplo del Estado francés, donde las catedrales, iglesias, etc. son propiedad del Gobierno y su uso corresponde a la Iglesia católica, pero no su propiedad. La masiva inscripción de templos por parte de la Diócesis navarra se llevó a cabo a partir de 1998, cuando el Gobierno español del PP eliminó el artículo 5 del Reglamento de la Ley Hipotecaria de 1946, que impedía registrar lugares de culto a nombre de la Iglesia católica. Esa Ley no se parece en nada a la progresista Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas del 17 de mayo de 1933, que decía en su artículo 11: Pertenecen a la propiedad pública nacional los templos de toda clase y sus edificios anexos, los palacios episcopales y casas rectorales, con sus huertas, anexas o no, seminarios, monasterios y demás edificaciones destinadas al culto católico o de sus ministros. La misma condición tendrán los muebles, ornamentos, imágenes, cuadros, vasos, joyas, telas y demás objetos de esta clase instalados en aquéllos y destinados expresa y permanentemente al culto católico... Eran otros tiempos.

Además de las repercusiones de tipo económico y jurídico que tienen estas masivas inmatriculaciones, algo que sorprende a la ciudadanía es el descaro mostrado por el Arzobispado para hacerse con unos bienes que no les pertenecen. Pueden ser los signos de estos tiempos en que la Iglesia Católica hace tiempo que dejó de ser un referente ético y moral para el pueblo cristiano y la sociedad, dejando claro de que para esta Iglesia es más importante lo material que lo espiritual.

Por otra parte, cada vez es más evidente el cambio de uso que la Iglesia católica está dando a las catedrales, conventos, etc. con valor patrimonial, priorizando el turismo a las prácticas religiosas. Para visitar la catedral de Sevilla el pase para adultos cuesta 7,50 euros. En Valencia, Burgos y Palma de Mallorca las tarifas oscilan entre los 3 y los 4 euros. Por el contrario, visitar Notre Dâme (París) y la catedral de Lisboa es totalmente gratis. En las catedrales de Palencia, Burgos, Avila, Cáceres etc. han reducido las celebraciones litúrgicas a una al día para facilitar las visitas turísticas, y en el caso de Cáceres esa celebración la han arrinconado en una capilla cerrada con cortinas para no molestar a los turistas, que son los que dejan dinero.

¿Qué pensaría Jesús de Nazaret viendo que cualquier pobre no puede entrar en esas catedrales a cualquier hora del día si no es pagando? ¿Y qué pensaría también sobre las apropiaciones llevadas a cabo en Nafarroa del patrimonio que no les pertenece? Jesús de Nazaret dijo: «El reino de Dios es de los pobres» (Evangelio de Lucas, 6:20) y también que «no se puede servir a Dios y al dinero». Por desgracia, la jerarquía de la Iglesia navarra en la práctica ha renegado de quien instituyó su propia religión y el séptimo mandamiento, por lo visto, no es para ellos de obligado cumplimiento.

Sería oportuno y necesario que el nuevo Arzobispo, Sr. Pérez (el general), saliese a dar algunas explicaciones de estos turbios asuntos de inmatriculación masiva de inmuebles y propiedades por parte de su Iglesia. Escudarse en el silencio no ayuda a esclarecer algo que empieza a tener dimensión escandalosa. Es lo menos que le podemos pedir después de escucharle que venía «con la alegría de quien se siente enviado por Jesucristo y su Iglesia».

También conviene recordar a los diferentes ayuntamientos y concejos la obligación que como institución tienen por ley de preservar el patrimonio de sus localidades sin hacer dejación de las mismas. De no hacerlo, cualquier vecino podría denunciarlos en los tribunales.