¿Qué valoración hace en torno a la admisión del recurso?

Cuando hay un recurso en Estrasburgo, la primera fase es la de ver si las condiciones para dar curso a la demanda se cumplen, es decir, si hay indicios serios de que se ha dado una vulneración de los derechos recogidos por el Convenio. Hemos recurrido sobre la base de tres artículos: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a un recurso efectivo. Este último, referente al artículo 13º, era difícil de argumentar porque los procesos de ilegalización son procedimientos administrativos y el derecho a un proceso equitativo no es aplicable en los procedimientos administrativos. Es por ello que el artículo 13º no ha sido admitido, pero esto no pone en entredicho para nada el fondo del debate.

¿Qué argumentos van a ser planteados a partir de ahora por la defensa?

En la fase de intercambio de alegaciones que se abre ahora, los argumentos principales se centrarán en la arbitrariedad y la desproporción de las medidas adoptadas por el Gobierno español. Vamos a explicar por qué consideramos arbitraria la propia ley, que fue elaborada ad hoc, y las graves vulneraciones que supone, ya que impide que miles de ciudadanos puedan ser elegidos e impide elegir a los representantes que se desean. La arbitrariedad se evidencia en la voluntad expresa del Gobierno español de machacar a todo un sector de la sociedad vasca.

¿Qué repercusión puede tener esta primera decisión?

Aparte del aspecto jurídico, este proceso sirve para mostrar qué es lo que está sucediendo en Euskal Herria, ya que está claro que la razón de estas ilegalizaciones se sitúa en el frente abierto por las autoridades españolas para impedir cualquier expresión popular alternativa. Hay una voluntad política de cerrar las puertas a esa expresión.

¿Qué precedentes se pueden encontrar en el ámbito europeo?

El más relevante en cuanto a partidos políticos ilegalizados es el de Turquía. Allí ilegalizaron a numerosos partidos kurdos, pero también de la izquierda turca, con prácticamente los mismos argumentos utilizados por el Gobierno español, es decir, que los partidos ilegalizados son parte de organizaciones terroristas. Cualquier expresión crítica con el Gobierno respecto a los kurdos, por ejemplo, eran considerada terrorista. El Tribunal Europeo dictó la ilegalidad de dichas medidas. También hubo otro caso referente al mismo país, el del Partido de la Prosperidad, un partido islamista. En este caso, el Tribunal dictó que el proyecto político de instaurar la sharia era por sí mismo contrario a una sociedad democrática.

¿Esta aceptación a tramite podría incidir en las intenciones del Gobierno español contra ANV?

Debería. El Gobierno deberá tener cuidado de no cometer errores y asumir sus límites. Un gobierno no puede hacer todo lo que quiera, ya que el Tribunal Europeo puede censurarle y las intervenciones del mismo son de gran relevancia.

¿Cuál es el procedimiento y los plazos a partir de ahora?

De aquí al 13 de febrero, las partes presentarán sus alegaciones. Tras ello, puede haber una respuesta de las partes, e incluso una vista oral. La decisión final puede tardar un año o también más.

O.LL/A.M.