Arantxa MANTEROLA

Con apenas cuatro días de intervalo se han reunido recientemente el Consejo de Electos y el Consejo de Desarrollo de Ipar Euskal Herria. A diferencia de la primera asamblea, en la que hubo un intercambio dialéctico bastante intenso entre varios electos a cuenta de la actitud del Gobierno francés respecto a la financiación de los proyectos culturales convenidos en el programa Pays Basque 2020, la segunda asamblea se quedó, sorpresivamente, en casi una mera formalidad.

En realidad, se trataba de una asamblea extraordinaria para modificar algunos puntos de los Estatutos y para aprobar la inclusión de nuevos agentes sociales en este ente que se ocupa de analizar, proponer y evaluar proyectos territoriales en diferentes ámbitos. El orden del día se cumplió sin mayor dificultad a pesar de que la adhesión de dos nuevos colectivos -el sindicato LAB y Euskal Herriko Laborantza Ganbera- podía haber originado algún punto de fricción, en especial el segundo, ya que en la reunión del Consejo de Dirección el prefecto planteó sus más y sus menos al respecto.

Y es que no hay que olvidar que desde que se creó la asociación con el objetivo declarado de convertirse en una verdadera cámara agraria para los tres territorios, el Estado, a través de su representante departamental, mantiene una ofensiva administrativo-jurídica contra EHLG para restarle legitimidad, legalidad y, si puede, hacerla desaparecer. Al final de la asamblea, el propio presidente de EHLG, Mixel Berhokoirigoin, se declaraba «sorprendido» de que no hubiera habido mayor problema, porque se esperaba que el prefecto hiciese votar cada una de las nuevas incorporaciones. No ocurrió así y los diecisiete organismos aspirantes fueron aceptados en bloque.

¿Dónde estaba el prefecto?

Quizás el hecho de que ni el prefecto Marc Cabane ni el subprefecto Jean-Jacques Caron estuvieran presentes en la asamblea hizo que no se diera la polémica. Era el secretario general de la subprefectura quien representaba al Estado y éste no planteó ninguna puntualización sobre la cuestión.

Hubo quien afirmó que la ausencia del prefecto estaba justificada porque, al parecer, se encontraba en París para reunirse con los servicios correspondientes del Gobierno y tratar el tema de la financiación de los proyectos aprobados. Sea como fuere, lo cierto es que, tras dos años de preparación del proyecto Pays Basque 2020, que debe plasmarse en un Convenio Territorial para el periodo 2008-2013, los fondos del Estado no llegan y eso bloquea todo el programa, ya que el resto de instituciones (Consejo General y Consejo de Aquitania) deben establecer las suyas en función de lo que haga París.

De hecho, fue este punto el que suscitó debate en la Asamblea de Electos, en concreto el referido a la financiación de los proyectos culturales, la mayoría de los cuáles han sido elaborados por el Instituto Cultural Vasco (ICV) a instancias del propio Consejo de Desarrollo y avaladas por los electos. El DRAC (organismo oficial encargado del reparto de fondos) no está por la labor de que sea el ICV quien encauce los dineros estatales y quiere que sean las estructuras homologadas por el Ministerio de Cultura (Scène Nationale, Consevatoire Nationale y Centre Choréographique Nacional) las encargadas de hacerlo.

Malestar entre los electos

Este cambio de actitud imprevisto ha generado gran malestar entre los electos vascos, incluidos los pertenecientes al mismo partido que regenta el Gobierno francés. Así, Max Brisson, electo de la UMP y responsable de Cultura del Consejo General de Pirineos Atlánticos, no ocultó su malestar con la pretensión de despojar de esas funciones al ICV. Jakes Abeberri había planteado previamente la contradicción de que los proyectos culturales propios a la cultura vasca no sean convalidados por el Estado cuando son, junto con el euskara, los que plasman la especificidad identitaria. Frantxua Maitia, consejero regional socialista, y el propio presidente del Consejo General, Jean-Jacques Lasserre, se adhirieron a la crítica.

El prefecto Cabane llegó a reconocer su dificultad para hacer comprender a París que en Euskal Herria existen otras estructuras culturales específicas pero, fiel a su función, defendió la postura estatal proponiendo como remedio alternativo que sean las estructuras homologadas las que desvíen fondos al ICV. Una propuesta ambigüa donde las haya porque es evidente que no serán las estructuras oficiales quienes se deshagan de parte de sus partidas financieras dedicadas a la cultura universal para transferirlas a los proyectos culturales vascos. Finalmente, la Asamblea del Consejo de Electos encargó a su coordinador la tarea de encontrar una fórmula que aúne posturas. Tarea difícil que tendrá que intentar cumplir para principios de año, ya que se espera que hacia febrero pueda, por fin, firmarse oficialmente el nuevo Convenio.

Lo que es seguro es que este nuevo Convenio, que presentan como único ya que el Estado es parte directa en el mismo, dispondrá de un 40% menos de fondos (230 millones de euros) que el anterior, que alcanzó 380 millones, dismunición que explican por el elevado costo que supusieron las infraestructuras del primero. Los electos han aceptado el montante rebajado pero ahora se encuentran con la reticencia del Estado a asignar los suyos, en especial en el capítulo cultural.

Dicen que seguirán negociando y que todavía no hay nada definitivo. Resulta obvio que lo tienen muy difícil para justificar la actitud evasiva de París, máxime cuando fue el propio Estado el que engendró e impulsó la iniciativa del Consejo de Desarrollo y otros adláteres con el objetivo de ofrecer una «alternativa» que pusiera freno a la reivindicación cada vez más extendida del reconocimiento oficial de la especificidad de Euskal Herria.