Bruselas considera necesario firmar los nuevos convenios comerciales antes del próximo 31 de diciembre, cuando expira el actual régimen de preferencias comerciales unilaterales que la Unión Europea brinda a los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) y que ha sido rechazado por la Organización Mundial de Comercio. Entre los firmantes se encuentran los países africanos como Mozambique, Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi, Zimbabue, Costa de Marfil y Ghana; las islas del Pacífico Papúa-Nueva Guinea y Fiji; y el conjunto de países del Carifórum, incluida la República Dominicana.

Este último colectivo es el único que ha firmado ya el denominado Acuerdo de Cooperación Económica (EPA, en inglés), que incluye una apertura recíproca al comercio de bienes y de servicios. El resto ha firmado sólo acuerdos interinos circunscritos al intercambio de bienes, si bien se ha comprometido a negociar el capítulo de servicios en 2008.

La negociación de los EPA fue objeto de polémica durante la cumbre UE-África celebrada en Lisboa los pasados días 8 y 9, en la que las delegaciones de Senegal y Suráfrica -que ya tiene un convenio de comercio preferencial con la UE- manifestaron su intención de no firmar los acuerdos por considerarlos perjudiciales para las economías africanas.

La Comisión Europea ha difundido ahora los últimos datos sobre este proceso después de que el Consejo de la UE -Estados miembros- respaldase formalmente su estrategia de firmar primero acuerdos interinos con los países reticentes a liberalizar sus servicios y evitar la interrupción de los intercambios.

De no haber firmado los acuerdos, aquellos estados africanos que carecen del estatus de País Menos Avanzado que otorga las Naciones Unidas, «se habrían arriesgado a perder en 2008 su acceso preferencia en el mercado europeo», una circusntancia que el comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, da ya por solventada.

«Trabajando juntos hemos superado la amenaza que pesaba sobre nosotros y puesto los cimientos de una alianza económica más ambiciosa y sostenible», afirmó.

Otros países africanos que aún no han llegado a acuerdos con la UE presentan «un problema menor», pues por su categoría de País Menos Avanzado tienen garantizado el acceso al mercado europeo libre de aranceles.

Mandelson consideró «insultante para los países ACP el decir que han sido forzados a hacer algo que no deseaban» con la firma de los acuerdos comerciales, tal y como argumentaban Senegal y Suráfrica.

En el caso de los países del Caribe, Mandelson confió en lograr «al menos un acuerdo temporal» antes de fin de año y «quizás uno definitivo» si se resuelven algunos asuntos pendientes de negociar.

Barajaron la prórroga

Las negociaciones no han sido ni son fáciles y, ante las dificultades, ambas partes estudiaron incluso pedir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) prorrogar más allá de 2007 las preferencias actuales.

Barajaron notificar a la OMC que se prolongara unos meses la derogación por la cual este organismo multilateral ha permitido durante años que la UE dé un trato preferente a los envíos de los ACP, ya que esa excepción expira el próximo día 31.

La propuesta sobre la mesa planteaba la liberalización y la supresión de aranceles de todas las importaciones agrícolas de los ACP, de forma inmediata para casi todos los productos menos para el azúcar y el arroz.

Consideraban factible la prórroga pues aunque la continuidad de las preferencias actuales después del 1 de enero de 2008 podría provocar denuncias de otros socios de la OMC, para poner en marcha un litigio de ese tipo hacen falta unos seis meses «y entre tanto la UE y la ACP podrían alcanzar un nuevo acuerdo». Si llega el 31 de diciembre y no se mantiene la derogación ni hay un nuevo pacto las exportaciones de los ACP pasarían a tener el mismo trato que las de otros socios comerciales.

Por ejemplo, en el sector del banano, se nterrumpiría la cuota de 775.000 toneladas que los ACP introducen a la UE libres de arancel y se tratarían esos envíos como a los de la fruta que llega de «las naciones más favorecidas» (la mayor parte de Latinoamérica), gravada con 176 euros por toneladas.

Las ventajas que durante años ha concedido la UE a los ACP han provocado litigios con otros socios, como el que impulsaron Brasil, Tailandia y Australia en el caso del azúcar o las históricas disputas del banano, como la actual que ha promovido Ecuador.