Uno podría pensar que la lucha dentro de la comunidad judía de Israel es entre aquellos de la derecha política que quieren conservar los asentamientos de Jerusalén Este y Cisjordania, para «redimir» a la Tierra de Israel haciendo que sea un país judío, y aquellos de la izquierda que buscan una solución de dos estados con los palestinos y están dispuestos por tanto a renunciar a suficientes «territorios», si no todos, para que se pueda constituir un Estado palestino viable.

Pero éste no es el caso. Las encuestas y el maquillaje del Gobierno israelí sugieren que quizá una cuarta parte de los judíos israelíes estaría en el primer grupo, los intransigentes, mientras que no más de un diez por ciento estaría a favor de una retirada completa de los territorios ocupados. (Casi ningún judío israelí emplea el término «ocupación», por ser algo que Israel niega que esté haciendo.)

La gran mayoría de judíos israelíes, desde el partido liberal Meretz hasta el laborista Kadima llegando hasta el ala liberal del Likud, a excepción únicamente de los partidos religiosos y la extrema derecha liderada por el anterior primer ministro Benjamin Netanyahu y el actual ministro de asuntos estratégicos, Avigdor Lieberman, comparten un amplio consenso: por motivos de seguridad, pero también por los «hechos sobre el terreno», los árabes (que es como nosotros, los israelíes, llamamos a los palestinos) tendrán que asentarse en un Estado minúsculo y truncado, en no más de un 15-20 por ciento del terreno que se sitúa entre el Mediterráneo y el río Jordán.

Es más, se da por hecho que la decisión sobre renunciar a algún territorio y a cuántos es una exclusivamente israelí. Si los palestinos se comportan bien y responden a nuestros intereses, quizá les hagamos una «oferta generosa», pero cualquier iniciativa para alcanzar la paz tiene que ser unilateral. Los palestinos pueden indicar sus preferencias, pero la decisión es nuestra, y sólo nuestra. Nuestro poder, nuestra preocupación por la seguridad y el mero hecho de que los árabes no cuentan (excepto como factor molesto), limita cualquier proceso de paz, en el mejor de los casos, a la voluntad de proporcionarles un pequeño Bantustán de cuatro o cinco cantones, todos cercados por asentamientos israelíes y por el Ejército. El control israelí de toda la Tierra de Israel, ya sea por razones religiosas, nacionales o de seguridad, es algo indiscutible, algo a lo que nunca vamos a renunciar.

Esto, por supuesto, es totalmente inaceptable para los palestinos. Lo cual, por sí mismo, no importa, pero plantea un problema fundamental. En cualquier negociación genuina, que conduzca a un acuerdo justo, sostenible y mutuamente acordado, Israel tendría que renunciar a mucho más de lo que está dispuesto.

De vez en cuando tienen que haber negociaciones, como mínimo para proyectar una imagen de Israel como país que busca la paz -Annapolis es sólo la última farsa- pero nunca pueden dar un verdadero paso adelante, ya que dos tercios del público judío apoya una presencia israelí permanente, civil o militar, en los territorios ocupados, lo que bloquea la posibilidad de un Estado palestino viable.

¿Cómo consigue Israel conservar los mayores asentamientos, un «gran» Jerusalén y controlar el territorio y las fronteras sin parecer intransigente? ¿Cómo puede conservar su imagen de buscador único de la paz y víctima del terrorismo árabe, ocultar eficazmente su propia violencia y el hecho mismo de la ocupación, y conseguir así pasarle la culpa a los palestinos?

La respuesta durante los últimos 40 años de ocupación es el status quo, esperar, mientras expanden los asentamientos y refuerzan su control sobre Judea y Samaria (de nuevo, en Israel no empleamos los términos «ocupación» o «territorios ocupados», para no hablar de «palestinos»). Sólo hay que mirar al período previo a Annapolis y las negociaciones que está prometiendo Israel.

El primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo recientemente que «Annapolis es un hito en el camino hacia las negociaciones y en el esfuerzo genuino para conseguir realizar la visión de dos naciones: el Estado de Israel, la nación del pueblo judío; y el Estado palestino, la nación del pueblo palestino». Suena bien, ¿no? Miremos ahora los requisitos que Israel impuso sólo dos semanas antes de Annapolis:

Redefiniendo la primera fase de la hoja de ruta. La primera fase de la hoja de ruta, la base misma de las negociaciones, exige a Israel que congele la construcción de asentamientos. Esto es algo que Israel obviamente no hará.

Sobre la base de una carta que recibió el anterior primer ministro, Ariel Sharon, del presidente Bush en 2004 -un cambio fundamental en la política norteamericana que, sin embargo, no compromete a los demás miembros del «cuarteto» de la hoja de ruta: Europa, Rusia y la ONU-, Israel anunció que delimita las áreas consideradas «ocupadas» por el «cuarteto» a sólo aquellas zonas que caen fuera de los asentamientos principales y el «gran» Jerusalén. De este modo, Israel (y aparentemente EEUU) redujo unilateralmente el territorio a negociar con los palestinos de un 22% a un mero 15%, y esto truncando el mismo en cantones fragmentados.

Requiriendo el reconocimiento de Israel como un «Estado judío». Se exige a los palestinos que reconozcan formalmente el Estado de Israel. Ya lo hicieron en 1988, cuando aceptaron la solución de dos estados al comienzo del proceso de Oslo y repetidamente durante las últimas dos décadas. Ahora viene una nueva exigencia: que antes de cualquier negociación reconozcan a Israel como un Estado judío. Esto no introduce únicamente un elemento totalmente nuevo que Israel sabe que los palestinos no aceptarán, sino que perjudica la situación de los ciudadanos palestinos de Israel, un 20% de la población israelí. Esto abre el camino al traslado forzoso, a la limpieza étnica.

El ministro de exteriores de Israel, Tzipi Livni, dijo recientemente en una conferencia de prensa que el futuro de los ciudadanos árabes de Israel reside en un futuro Estado palestino, no en Israel.

Creando obstáculos políticos insuperables. Dos semanas antes de reunirse en Annapolis, el parlamento israelí, el Knesset, aprobó una ley según la cual se necesitaría una mayoría de dos tercios para realizar cualquier cambio en la situación de Jerusalén, un umbral imposible de alcanzar.

Retraso de la implementación. De acuerdo, dice el Gobierno israelí, negociaremos. Pero la implementación de cualquier acuerdo dependerá del cese completo de cualquier resistencia por parte de los palestinos. Dado que Israel ve cualquier resistencia, armada o no violenta, como una forma de terrorismo, esto crea otro obstáculo insuperable antes de cualquier proceso de paz.

Declarando un Estado palestino «provisional». Si todo lo demás fracasa -negociar realmente con los palestinos o, sin que sea una opción, renunciar a la ocupación-, EEUU, a instancia de Israel, puede saltarse la fase 1 de la hoja de ruta y pasar directamente a la fase 2, que exige un Estado palestino provisional antes de, en la fase 3, llegar a un acuerdo sobre sus fronteras, territorio y soberanía. Ésta es la pesadilla de los palestinos: quedarse encerrados indefinidamente en el limbo de un estado provisional.

Para Israel es ideal, ya que ofrece la posibilidad de imponer fronteras y expandirse unilateralmente hacia áreas palestinas y aún así, ya que su fait accompli sólo es provisional, parecer que se adecua al requisito de la hoja de ruta de decidir las cuestiones finales mediante negociaciones.

El resultado final, hacia el que Israel ha estado avanzando de forma deliberada y sistemática desde 1967, sólo puede llamarse apartheid, que significa separación en afrikaner, precisamente el término que Israel utiliza para describir su política (hafrada en hébreo). Y es apartheid en el sentido estricto del término: una población separándose del resto, para después dominarlo de forma permanente e institucional mediante un régimen político, como un Israel expandido encerrando a los palestinos en cantones dependientes y empobrecidos.

La pregunta primordial no es, por tanto, cómo alcanzar la paz. Si el tema fuese realmente la paz y la seguridad, Israel podría haberlo conseguido hace veinte años si hubiese concedido el 22% de su territorio, que es el requerido para un Estado palestino viable.

En estos momentos, cuando el control de Israel es infinitamente mayor, el público judío israelí y el gobierno que escoge se preguntan, ¿por qué deberíamos conceder algo significativo? Tenemos paz con Egipto y Jordania, y Siria se muere por negociar. Tenemos relaciones con la mayoría de estados árabes e islámicos. Disfrutamos del apoyo absoluto e incondicional de la única superpotencia mundial, apoyada por una Europa complaciente. El terrorismo está bajo control, el conflicto se ha vuelto manejable, la economía de Israel está mejor que nunca. Los israelíes se preguntan, ¿por qué deberíamos cambiar esta situación?

No, el tema para Israel es más bien cómo transformar su ocupación desde lo que el mundo considera una situación temporal hacia un hecho político permanente aceptado por la comunidad internacional, de facto si hace falta o, si el apartheid puede refinarse en la forma de una solución de dos estados, siquiera formalmente.

Aquí está el dilema y el origen del debate dentro del Gobierno israelí: ¿Va a continuar Israel con la estrategia que le ha funcionado tan bien durante los últimos cuarenta años, retrasando o prologando las negociaciones para mantener el status quo, mientras al mismo tiempo refuerza su control sobre los territorios palestinos o, en este momento único aunque efímero en la historia en el que George Bush sigue en la Casa Blanca, va a intentar concretizarlo todo, imponiendo a los palestinos un estado provisional en el esquema de la hoja de ruta?

Olmert, siguiendo los pasos de Sharon, apuesta por lo primero. Netanyahu, Lieberman, la derecha (incluyendo a muchos del partido del propio Olmert) y, significativamente, el líder del partido laborista y ministro de defensa Ehud Barak, siempre un halcón militar, se están resistiendo por miedo a que incluso un proceso de negociaciones fingidas se les pueda escapar de las manos, creando expectativas hacia Israel. Mejor, dice, quedarnos con la política conocida y eficaz que puede, si se maneja con astucia, extenderse indefinidamente. Además, Bush es un presidente en los últimos años de su mandato y no se va a ejercer ninguna presión sobre Israel hasta junio de 2009, al menos seis meses después de que el próximo presidente de EEUU sea elegido, demócrata o republicano. Estamos bien hasta entonces, ¿para qué complicar la situación?

El único momento delicado para Israel son los dos años centrales de un mandato presidencial. Podemos superar eso. ¿Annapolis? Trataremos de conseguir el apartheid, esperando que Abu Mazen asuma el papel de colaborador. Si eso no funciona, bueno, mantener el status quo siempre será una opción fiable.

Mientras la opinión pública israelí disfrute de paz y tranquilidad y de una buena economía, y mientras siga convencida de que su seguridad requiere que Israel conserve el control sobre los territorios, no llegará ninguna presión desde dentro de Israel para que se produzca un cambio significativo de política.