El Ministerio español de Defensa tiene pocos motivos para preocuparse ante la próxima finalización del convenio de uso del polígono de tiro de las Bardenas suscrito en el año 2001. En aquella ocasión, la firma fue precedida de numerosos posicionamientos institucionales contra la instalación militar, en los que partidos como UPN, CDN y PSN no dudaron en alinearse con la demanda social mayoritaria de desmantelamiento. Otro tanto hizo, al menos de modo verbal, el eterno presidente de la Junta de Bardenas y ex diputado de UPN, José Antonio Gayarre. El desenlace del proceso puso en evidencia luego que su aparente rechazo escondía más bien una estrategia negociadora que logró multiplicar el canon económico por la cesión del territorio.

Siete años después, todos aquellos discursos están más desenmascarados que nunca. Gayarre no dudaba en afirmar anteayer, en declaraciones a la agencia Europa Press, que «lo lógico es que se renueve» el contrato de arrendamiento. «No hay ningún signo de que no vayan a seguir; más bien, hay signos externos por los que se sabe que el Ministerio de Defensa no encuentra ningún otro emplazamiento en otro sitio», argumenta el polémico presidente de la Junta de la Comunidad de Bardenas.

Esta posición resulta muy diferente a la adoptada en vísperas de la finalización del anterior convenio, que había permitido al Ejército español y a la OTAN bombardear el polígono ribero durante 50 años, desde 1951 a 2001. En aquel momento, Gayarre aseguraba rotundamente estar en contra de la continuidad del campo de tiro y añadía que sólo cabía la opción de un «contrato de desmantelamiento», cuya duración tope fijaba inicialmente en dos años. Luego se firmaron siete, y sin compromiso escrito alguno de que culminaran en el cierre del polígono.

Tras visitar al entonces ministro de Defensa del PP, Federico Trillo, Gayarre afirmaba a finales del año 2000 que «en el convenio que se firme tiene que constar clarísimamente qué es lo que va a hacer el Ejército y para quién van a ser las instalaciones en el caso de que se desmantelen, que yo creo que se deben desmantelar; se debe dejar claro cómo van a ir paso a paso dejando el polígono». Ahora, el discurso es muy diferente: «No queda más remedio que hablar con Defensa, estamos siempre mareando la perdiz y dando vueltas a un tema que es irreversible», esgrime el ex diputado de UPN.

Dos excusas

Para presentar como inevitable la reedición del convenio, la parte estatal -pero también la bardenera- se escuda en dos argumentos. El primero es la declaración de Bardenas como «zona de interés nacional para la Defensa», ejecutada en diciembre de 2000 por el Gobierno de José María Aznar y que permitiría en teoría expropiar el terreno en caso de extrema necesidad. El segundo es la supuesta imposibilidad de encontrar una alternativa a este polígono de tiro, que es el único existente en el Estado español que permite ejercios aéreos con fuego real.

Tanto una como otra cuestión encierran su trampa. En el caso de la declaración del Consejo de Ministros, la Junta de Bardenas argumenta que la recurrió ante el Tribunal Supremo español y que éste lo desestimó. «Contra eso no se puede hacer nada, porque ya está recurrido y perdido», dice Gayarre. Y concluye que la institución que preside está obligada a negociar porque sobre su cabeza planea lo que denomina como «el péndulo de la expropiación».

Sin embargo, a nadie se le escapa que una oposición férrea de las instituciones locales haría esta amenaza inviable en términos políticos y sociales. Aquella declaración, además, fue aprobada por un gobierno del PP, por lo que no vincula necesariamente al PSOE. De hecho, el PSN continuó reivindicando el desmantelamiento del polígono en 2001, después de que el gabinete presidido por Aznar designara las Bardenas como «zona de interés para la Defensa».

Pero ni la Junta ni otras instituciones navarras parecen dispuestas a explotar esta contradicción. Tampoco sacaron rentabilidad a otra baza: el paso por el Ministerio de Defensa del PSOE de José Bono, que en su época anterior como presidente de Castilla-La Mancha impidió instalar un polígono de tiro en la localidad manchega de Cabañeros al declarar la zona parque natural. Se asegura que el campo de las Bardenas se habría cerrado si Cabañeros se hubiera abierto.

Por lo que respecta a la presunta inexistencia de emplazamiento alternativo, en la negociación emprendida en 2001 las autoridades estatales asumieron que debían encontrar otra opción para que efectivamente el convenio 2001-2008 fuera el último. Un par de años después, en una visita a Lizarra, el secretario de Estado de Defensa del PP seguía asumiendo que era una tarea pendiente y que debían realizar. Por contra y como ya se temía, a medida que se aproxima el fin del convenio el Ministerio de Defensa argumenta que no tiene alternativa alguna. En 2005, ante una pregunta de la diputada de Nafarroa Bai Uxue Barkos, el secretario de Estado de Defensa del PSOE, Francisco Rubio, indicaba que «llevamos tiempo buscando una ubicación con grandes extensiones despobladas, con meteorología y orografía adecuadas y a una distancia idónea de las bases aéreas, pero ninguna de nuestras instalaciones militares puede considerarse como una alternativa».

El Ejecutivo español afirma que para desmantelar el polígono de las Bardenas debería alquilar un campo de tiro similar en Italia, con un coste tres veces superior; en el Estado francés, donde gastaría cuatro veces más; o en Canadá, donde el coste se multiplicaría por nueve. Pero la respuesta resulta obvia: ése tendría que ser en cualquier caso un problema de Defensa, no de los vecinos de las Bardenas que deben sufrir la ocupación de las 2.200 hectáreas, los vuelos rasantes y los accidentes que se han cobrado más de veinte vidas humanas en 56 años.

Silencio institucional

La diferencia respecto a lo ocurrido en los años 2000 y 2001 no se reduce al cambio de posición del presidente de la Junta. También las instituciones del herrialde muestran una posición mucho menos activa que entonces, cuando tanto la mayoría del Parlamento como el Gobierno de UPN -al igual que múltiples ayuntamientos- reclamaron el desmantelamiento.

Entonces, por ejemplo, el presidente Miguel Sanz no dudó en destacar en una comisión parlamentaria que «nadie habrá más favorable que yo a que se retire el polígono de tiro». Lo dijo, además, después de que el Gobierno del PP hubiera aprobado la declaración de interés para la Defensa, lo que deja en entredicho otra vez que aquel texto cierre realmente la vía al desmantelamiento.

Las instituciones no se limitaron entonces a posicionamientos retóricos, sino que incluso emprendieron algunas iniciativas prácticas. Una de ellas fue la creación de una comisión mixta formada por el Gobierno navarro, los principales grupos parlamentarios (UPN, CDN y PSN) y la Junta de Bardenas para tratar de consensuar en qué términos se debería encauzar la cuestión.

El Parlamento trató de desarrollar en paralelo una nueva vía que abría posibilidades de avanzar hacia el desmantelamiento. Planteó que debía ser esa comisión mixta la que acudiera a negociar con el Gobierno del Estado. Pero Gayarre se declaró «único interlocutor válido» frente a Madrid.

La implicación de los partidos en la cuestión no era sino el reflejo del sentir social. Una encuesta realizada por el colectivo Bardenas Desarmadas había arrojado resultados muy concluyentes: el 74,5% estaba en contra de la continuidad del Ejército y sólo el 7% abría la puerta a una prórroga del convenio de 1951, porcentaje al que cabía sumar a un 1,5% que reclamaba un nuevo contrato.

Aquella comisión mixta trabajó también después de la declaración del Consejo de Ministros del PP. Y, pese a la supuesta amenaza de expropiación que llevaba pareja, determinó por consenso en febrero de 2001 que el nuevo convenio con el Ejército español debería ser el último. UPN, CDN y PSN se mostraron convencidos de ello y lo pusieron por escrito. Ahora esas palabras se las ha llevado el viento. UPN, CDN y PSOE callan. Y Gayarre abona el terreno a la negociación.