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Desmantelamiento de la sanidad por decreto

El Gobierno de Lakua anunció ayer por boca de Miren Azkarate que abandona las negociaciones para alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre la mejora del sistema público de salud en Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. No sólo abandona las negociaciones, sino que lo hace con el anuncio de un decreto que regulará las condiciones laborales de la plantilla de Osakidetza en los años 2007-2009. Un decreto basado en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y uno de los sindicatos corporativos del estamento médico, el Sindicato Médico, acuerdo que se desarrolla a espaldas de la mayoría de los trabajadores de la sanidad pública y también a espaldas de los usuarios de ese servicio. Un decreto que reduce la cuestión de la sanidad pública a su vertiente laboral, dejando de lado la situación general y los problemas estructurales de Osakidetza.

El Gobierno de Lakua acusa a los sindicatos de pretender gastar cientos de millones de euros más en sanidad. Esta acusación es, de por sí, sorprendente. Un gobierno, indudablemente, tiene que gestionar el gasto público, pero a su vez tiene que garantizar un sistema de salud acorde a las necesidades de la sociedad. Esa acusación es aún más sorprendente cuando ese mismo gobierno condona a los empresarios cientos de millones año tras año, tal y como denuncian los propios sindicatos. Es más, el Gobierno de Ibarretxe está dispuesto a recortar más el ingreso de dinero que reciben las instituciones a través de impuestos y, por ejemplo en Gipuzkoa, se plantea realizar otro recorte, éste también vía decreto. Asimismo, los gobiernos de Lakua e Iruñea llevan años cuadrando las cuentas públicas con superávit, y es precisamente en esos años en los que el sistema sanitario público de Hegoalde ha ido perdiendo recursos y calidad.

En este contexto, sólo cabe concluir que la utilización de decretos respecto a problemas políticos y sociales que deben ser solucionados a través de la negociación es una estrategia política funesta. Más aún si conducen a un progresivo desmantelamiento de los servicios públicos y, especialmente, de la sanidad pública.

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