El proyecto de Ley de Mediación Familiar superó ayer el último trámite en comisión parlamentaria. Salvo el grupo parlamentario Ezker Abertzalea, que se abstuvo, el resto de grupos han aprobado el dictamen de la ponencia sobre el citado proyecto de ley, que tiene como finalidad regular el sistema de mediación familiar.

Este sistema, puesto en marcha en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa de manera experimental, se utiliza en algunos países europeos como método para evitar litigios judiciales entre matrimonios, parejas de hecho o entre familias, en general, cuando se producen conflictos por motivos diversos, como herencias, negocios, sucesiones o rupturas de pareja.

Registro de mediadores

La aprobación de la Ley de Mediación Familiar conllevará la creación de un registro de personas mediadoras, con el fin de asegurar que este servicio se presta con un determinado nivel de calidad.

En este sentido, la futura ley contempla un régimen de infracciones y sanciones para las personas mediadoras que incumplan sus funciones.

Aunque el Gobierno de Gasteiz es la institución competente en materia de mediación familiar, las entidades locales y forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa podrán impulsar la creación de servicios y programas propios de mediación familiar.

El Ejecutivo autonómico deberá además crear y mantener servicios públicos gratuitos de mediación familiar que respondan a la demanda existente en esta materia y que darán prioridad en cuanto a su acceso a las personas derivadas de otros servicios sociales o de la Administración de Justicia.