Pese a haber sido anunciada a principios de verano por el antiguo ministro de Interior y actual presidente Nicolas Sarkozy, la nueva ley penitenciaria con la que se pretende mejorar la situación de las prisiones en el Estado francés se hará esperar.

El último informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa remarca, sin embargo, la urgencia de la situación carcelaria. Publicado en exclusiva por el diario «Le Monde» el pasado día 7 de diciembre, describe los «tratos inhumanos y degradantes» que sufren numerosas personas detenidas. Remarca desde la falta de atención de las patologías mentales hasta los abusos en materia de superpoblación, de traslados o de aislamiento y también en cacheos y registros. Un ejemplo: previsto para un periodo límite de 3 meses, el aislamiento se convierte frecuentemente en una medida «de larga, cuando no muy larga, duración», indica el informe, que expone el caso de un detenido de la prisión de Fresnes (Val-de-Marne, región parisina) que vive en ese régimen de aislamiento desde hace 19 años.

El Gobierno parecía ser consciente de la urgencia de cambiar la situación cuando la ministra de Justicia, Rachida Dati, estableció el pasado 11 de julio un comité de orientación restringido (COR) encargado de hacer propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema carcelario. Sus 27 miembros, representantes de organizaciones diversas (magistrados, funcionarios de prisiones, abogados...) sólo han contado con un plazo de mes y medio para llevar a cabo las audiciones precisas y poner sobre la mesa sus 120 propuestas. El Ejecutivo barajaba presentar su proyecto de ley al Parlamento en noviembre, pero finalmente optó por dar prioridad a otros temas. De este modo, y de acuerdo a informaciones recabadas entre miembros del COR, lo más probable es que el texto no sea presentado antes de primavera.

Utilizados por el Gobierno

Además de censurar esta inútil precipitación con la que se han visto obligados a trabajar, varios miembros de ese comité de expertos temen que la futura ley tenga menos en cuenta sus recomendaciones y dé prioridad a las peticiones de la propia Administración penitenciaria, que, incluso antes de que el comité concluyera sus trabajos, ya se encargó de hacer llegar sus «hipótesis» al Ministerio de Justicia. Algunos integrantes del COR llegan a confesar que han podido ser utilizados a modo de valedores del Gobierno.

Aunque parece que el Ejecutivo podría estar dispuesto a asumir algunas propuestas del comité, que preconiza, entre otras medidas, el poner fin a la arbitrariedad a la hora de decidir el ingreso de determinados presos en cárceles de máxima seguridad o que se tenga en cuenta la necesidad de velar por los lazos familiares a la hora de decidir la ubicación geográfica de los detenidos, parece que se trataría más bien de aceptar sólo las reformas que permitirían adaptar el sistema carcelario francés a lo establecido en el Derecho europeo.

El derecho de visita cuando los presos se encuentran bajo medidas disciplinarias, el acceso al teléfono, al contrato de trabajo o a los mínimos derechos sociales son otras de las medidas sugeridas. «Las recomendaciones del COR no van demasiado lejos, pero al menos tienen coherencia al establecer un equilibrio de derechos y deberes tanto para los presos como para el personal», tal como valora una representante del COR, Céline Verzeletti, secretaria general de la sección sindical CGT-Prisiones (UGSP-CGT), para añadir a continuación que «si no se respeta el conjunto de sugerencias, se perderá el sentido que el COR quería dar a la reforma».

Como punto de partida, la mejora de las condiciones de detención en el Estado francés pasa por la disminución de la superpoblación carcelaria. En las prisiones francesas hay actualmente 64.000 presas y presos, lo que implica una media de 120 personas por cada 100 plazas. En su informe, el CPT constata que, si bien la situación de masificación de las prisiones «es menos dramática de la existente en 2003», tiende a agravarse «ante el número creciente de condenas cada vez más largas». Las conclusiones del informe se refieren a la investigación llevada a cabo por el CPT a lo largo de 2006.

Desde entonces, el Parlamento ha votado, en julio pasado, un proyecto de ley sobre la reincidencia que establece una base de penas para los autores de muertes y otros delitos que tengan antecedentes. Según «Le Monde», esta medida podría llevar a la encarcelación de 10.000 personas. Pierrette Poncela, profesor de Derecho Penal en la Universidad de París X-Nanterre y miembro del COR, pone de manifiesto el «doble discurso» del Gobierno. «De una parte -explica a GARA- aprueba leyes muy represivas en materia de penas, que envían a cada vez más personas a la cárcel, y de otra anuncia que va a desarrollar las penas alternativas a la prisión para corregir la saturación carcelaria y facilitar con ello la reinserción de las personas presas».

En la batalla contra la masificación, el Gobierno cuenta con privilegiar dos actuaciones. «La estrategia definida por Rachida Dati es simple: abrir en los plazos previstos (de aquí a 2012) las 13.200 nuevas plazas penitenciarias, de ellas 3.000 a partir de 2008 y con el apoyo de 1.100 empleos suplementarios; y continuar con las atenuaciones de penas que han aumentado en más de un 40% en el último año, una progresión muy destacable», explica el director de la Administración Pentenciaria, Claude Harcourt.

Otras personas vinculadas al trabajo en las prisiones se muestran bastante menos optimistas. «Construir prisiones no es una solución, ya que en los nuevos centros de detención, como el de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne) se ven ya colchones en los suelos», explica Céline Verzeletti.

Para el presidente de la sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), Gabi Mouesca, hablar de un aumento del 40% de readecuación o atenuación de penas es engañoso. «Si han pasado de ninguno a dos mil brazaletes de control electrónico -subraya-, la cifra puede parecer impresionante, pero es muy relativa en términos de porcentaje de sanciones establecidas. Hay que volver al espíritu de la ley: la cárcel debe ser el último recurso en materia de sanción penal. Nicolas Sarkozy continúa, por el contrario, haciendo del encarcelamiento el elemento central del sistema represivo. Sin embargo, es posible, además de indispensable, actuar de otra manera. Deben utilizarse antes que la cárcel otros tipos de sanciones, como el control judicial, las penas de multas, los trabajos con fines sociales, las suspensiones de pena condicionadas, la semilibertad... En definitiva, sanciones que no implican la desocialización que genera la prisión».

El desarrollo de penas alternativas, solicitada también por el COR, se ve frenada con la excusa de la falta de recursos. No ocurre lo mismo con la construcción de prisiones. «Se prepara una tupida red carcelaria con cada vez más centros de detención, entre ellos algunos especializados en menores, personas de edad avanzada, enfermos... En Francia se está instaurando una gran industria de la represión al estilo de la que ya existe en EEUU», denuncia Mouesca.

Multinacionales

La Liga de Derechos Humanos o la OIP censuran que cada vez más proyectos sean derivados hacia el sector privado. Filiales de multinacionales francesas empiezan a explotar este nuevo mercado, gracias al sistema de partenariado público-privado (PPP) establecido en 2003.

El grupo Bouygues, propietario de la primera cadena de televisión francesa, TF1, se hizo en 2005 con el concurso para la edificación de tres prisiones. Uno de los responsables de su sección de construcción que prefiere guardar el anonimato confirma el interés de su grupo por este sector: «Estos PPP nos permiten poner de manifiesto todo nuestro valor añadido. No se trata sólo de echar cemento, entramos en partenariados en los que asumimos unos riesgos, y esos riesgos están remunerados: la financiación de los proyectos, su concepción, su construcción y, finalmente, su explotación y mante- nimiento durante veinte, treinta o cuarenta años».

No son infundados los temores de que en el Estado francés, como en EEUU, la búsqueda del beneficio prime sobre la calidad de las prestaciones. En este contexto de intervención del sector privado, endurecimiento de la política penal, falta de inversión en las alternativas a la prisión y en la reinserción, ¿la futura ley penitenciaria servirá para cambiar a mejor las condiciones de vida en las prisiones francesas?