En todas las etapas de la historia humana la interrupción voluntaria del embarazo ha tenido unas implicaciones ético-religiosas, morales y sociales que han devenido en diferentes formas de punibilidad o legalidad siempre mediatizadas por aquéllas. Hoy, de todas las muertes ocurridas durante la maternidad, más de 70.000 (el 13%) se derivan de abortos practicados en situaciones sanitarias deficientes en países donde está penalizado y se realiza de forma clandestina. De cada cien mil abortos practicados, en estos países mueren 300 mujeres, mientras que donde está legalizado la mortalidad es de una persona. Y no sólo la mortalidad, sino el mismo número de abortos se ve reducido donde es legal (...). Hace ya 22 años que en el Estado se despenalizó en varios supuestos, pero siempre parece que hemos de hablar sottovoce, cual si fuera tabú, de un asunto que permanece bajo el imperio de una ley de gran indefinición, como si provocara pánico escénico-político discutir un tema que para la mayoría de las mujeres entra de lleno en el campo de los derechos humanos y de la justicia social, además de en el ámbito privado de la libre disposición del propio cuerpo. Tan es así que representantes de instituciones como Emakunde se niegan a contestarme sobre este tema. Quienes aducen en contra de la interrupción del embarazo las citadas razones ético-religiosas y morales, parece que se olvidan de que la ley del aborto permite pero no obliga a nadie que no lo desee. (...) Acceso fácil a anticonceptivos, educación sexual y una ley de plazos son vías de solución razonables para no jugar ni en el limbo sanitario ni en el campo de las mafias pseudo-sanitarias. Y ante estas peticiones de las mujeres estaría bien que algunas instituciones se manifestaran.