Mientras el Gobierno español incide en que se actuará «cuando haya pruebas» -lo volvió a decir ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo-, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Juan Manuel Fernández, está convencido como «jurista y persona» de que ya «hay motivos para que se estudie la ilegalización» de ANV después de «sus actuaciones políticas» y de la falta de condena de las acciones de ETA.

En una entrevista a Efe, aludió a una Ley de Partidos que «no permite a partidos políticos que atenten contra los valores democráticos que deben regir la sociedad». A su entender, la ley «es muy clara» cuando «cita a los partidos o asociaciones que de manera expresa o tácita sostengan, apoyen o den cobertura a las actividades terroristas. A partir de aquí, todos sabemos de lo que estamos hablando cuando vemos que hay silencios que resultan clamorosos».

El PP tiene prisa

Al igual que el presidente del TSJN, el PP también cree que ya hay «pruebas» para actuar contra ANV, por lo que no entiende a qué se está esperando. La secretaria de Política Autonómica, Soraya Sáez de Santamaría, dijo que la medida, de tomarse, llegaría «demasiado tarde», por lo que censuró que «se module la aplicación de la ley en relación o no a determinadas circunstancias».

No obstante, el titular de Justicia subrayó la necesidad de actuar «con mucho tacto en estas cuestiones de tanto calado». Respecto a las elecciones del 9 de marzo, aseguró que «estamos preparados para hacer todo aquello que hay que hacer para impedir que quien no debe se presente a un proceso electoral fraudulentamente».

Por su parte, la nueva secretaria del EBB, Belén Greaves, lamentó que se haya producido «una vuelta a la utilización de la Ley de Partidos para seguir crispando e intentado, parece, ilegalizar otra opción política».