La Diputación de Gipuzkoa, en un consejo extraordinario de diputados, aprobó ayer el decreto-norma sobre el Impuesto de Sociedades que baja el tipo general impositivo del 32,6% al 28% y el de las pyme al 24%, el mismo que Araba y Bizkaia.

El decreto, que será publicado el lunes en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, salió adelante con los seis votos del PNV y con el rechazo de los cuatro de Eusko Alkartasuna, su socio de Gobierno.

Tras la reunión del Consejo, el diputado general, Markel Olano, reiteró que el PNV adoptó esta iniciativa «para evitar una situación de desarmonización para el ejercicio del 2007».

A su juicio, se trata de un «punto de partida para buscar una salida negociada, provisional, con vocación de ser convalidada por las Juntas Generales de Gipuzkoa».

Para Olano, el acuerdo con EA se tiene que desarrollar sobre la base de «una reforma integral del Impuesto sobre Sociedades, que tenga en cuenta las diversas posiciones existentes sobre esta materia en nuestra comunidad» y consideró que la Norma vigente en el resto de los territorios «debe ser replanteada, para obtener los consensos suficientes en cada uno de los mismos».

Negó que el retraso en la aprobación de esta norma tenga que ver con el temor a posibles recursos contra la norma sino a un intento de «apurar los plazos» para llegar a un acuerdo con EA. Manifestó que la urgencia del mismo «está perfectamente justificada porque antes de 31 de diciembre es necesario establecer un Impuesto para evitar la desarmonización tal y como lo exige la ley». En caso de que las Juntas Generales no validen este decreto, consideró que «eso no afectaría al ejercicio 2007», porque se produciría una derogación pero no una revocación de la norma.

En cuanto a la crisis surgida en el Gobierno foral, depositó toda su «esperanza en el logro de un acuerdo con EA en esta cuestión» pero subrayó los presupuestos de 2008 aprobados y el Plan de Gestión como claves de la estabilidad del Ejecutivo.

Sobre la posibilidad de someterse a una cuestión de confianza que ha planteado el PSE, Olano aseguró que «si algún grupo político quiere que cambie el diputado general, que ponga en marcha una moción de censura y busque los apoyos necesarios para ello».

«Sin recorrido legal»

La actitud de Olano y el PNV confirmó la decepción de sus socios de EA. Su presidente en Gipuzkoa, Iñaki Galdos, se mostró «triste y disgustado» porque «se ha dado un lamentable espectáculo a la ciudadanía por parte de la clase política».

Galdos destacó su preocupación porque el decreto que fija el tipo del impuesto en el 28% tiene «nula confianza en su «recorrido legal» y advirtió de que si finalmente las empresas se ven obligadas a tributar al 32,6%, vigente en la actualidad, como consecuencia de un recurso, «alguien deberá asumir sus responsabilidades».

Recordó que es posible que el decreto termine en los tribunales si prospera una propuesta en este sentido que el PSE ya ha anunciado que presentará en el Juntas Generales y que contará con el respaldo de EA y Aralar.

Iñaki Galdos, que también es diputado foral de Deportes, aseguró que «hay una inseguridad jurídica impresionante en torno a esta cuestión» y «se puede dar la paradoja de que las empresas tengan que tributar de esa manera -el 32,6%- gracias a una estrategia avalada y jaleada» por la Asociación de Empresarios Guipuzcoanos, Adegi.

El diputado de EA afirmó que aprobar por decreto este impuesto el 29 de diciembre, tras haber sido rechazado por las Juntas, «es de escaso peso democrático ya que supone suplantar la voluntad de los ciudadanos».

Expresó además su malestar por el hecho de que el decreto se haya tramitado por medio de una propuesta del diputado general cuando, a su entender, esta potestad correspondía al diputado de Hacienda Pello González, también de EA.

Aunque reconoció que esta situación «debilita al Gobierno foral porque es innegable que existe una discrepancia de fondo» y ha supuesto una quiebra de confianza entre ambos socios, descartó la posibilidad de que EA abandone el Ejecutivo y afirmó que su partido «actuará con responsabilidad porque tiene grandes proyectos» para el futuro y está legitimada para continuar en el mismo.

«Auténtico escándalo»

Más contundente en su reacción fue el secretario general del PSE de Gipuzkoa, Miguel Buen, quien calificó de «auténtico escándalo» la aprobación por decreto del Impuesto de Sociedades y anunció que su formación tiene preparado un texto, para el que buscará el apoyo de otras formaciones, para instar a la Mesa de las Juntas Generales de Gipuzkoa a que recurra ante los tribunales para conseguir su suspensión cautelar .

Buen calificó la actitud del PNV como «un acto de irresponsabilidad antidemocrática flagrante con el que la imagen que ofrece la Diputación a la sociedad es patética».

A su juicio, el diputado general, Markel Olano, «está sirviendo a los intereses del diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, y a los de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia» en lugar de defender los intereses de Gipuzkoa.

Para Buen, lo ocurrido «es sólo un ejemplo de la forma de gobernar de Olano y del PNV», así como de «la división del Gobierno foral» y de «la prepotencia con la que el PNV actúa en todos los lugares en los que se encuentra y se encuentra en demasiados lugares para la salud democrática de este país».

«A Olano hay que decirle que Gipuzkoa no es suya, que es de todos y por lo tanto tiene que dejar de actuar como si fuera un batzoki y que no puede gobernar a base de decretazos». Asimismo, denunció la desautorización al diputado de Hacienda, Pello González, ya que no será él quien elabore el decreto. «El diputado general le ha despojado de la autoridad que el cargo precisa. El PNV quiere controlar el departamento de Hacienda con la excusa de la armonización, para que no se le escapen asuntos como el de Jon Jauregi».

Miguel Buen insistió en que, con el «decretazo», Olano «no le hace un favor a la ciudadanía guipuzcoana sino en todo caso a las grandes empresas, ya que las pymes «no van a poder resolver porque el decreto se va a impugnar ante los tribunales y además va a ser rechazado cuando se presente en las Juntas Generales».

Por su parte, el PP afirmó que «el decreto no es más que la punta del iceberg de la mala relación existente entre quienes gobiernan a los guipuzcoanos», según su portavoz en Juntas, Regina Otaola, quien también criticó el interés por seguir en el Gobierno de ambos partidos «a pesar de la fractura existente en el Ejecutivo foral».

Aunque dijo estar a favor del tipo del 28%, señaló que «en el PP nos oponemos con rotundidad a este decreto, porque lo que se debate no es el tipo impositivo, no es el contenido, sino los métodos empleados para sustentarlo».

Aralar calificó de «antidemocrático» el decreto y anunció que impulsará y respaldará las medidas que se tomen en contra del mismo en las Juntas Generales. El portavoz de EB en las Juntas Generales, Mikel Izagirre, lo calificó de «cacicada y un ataque a la soberanía de las JJGG porque suplanta la voluntad ciudadana expresada en la Cámara, contraria a la modificación del impuesto».