El presidente francés Nicolas Sarkozy manifestó ayer que en breve decidirá si recurre a la aplicación de la denominada «claúsula de salvaguarda» respecto al cultivo del maíz transgénico Mon810. Dicha cláusula permite a un estado miembro de la UE prohibir en su territorio un transgénico autorizado a nivel europeo.

Un informe previo del Comité de la Alta Autoridad sobre los Transgénicos reveló el miércoles sus «serias dudas» sobre las consecuencias que dicho maíz pudiera tener en la salud general. Justo un día antes, el ministro de la Ecología, Jean-Louis Borloo, retiraba el texto del proyecto de ley que sobre los OGM (organismos genéticamente modificados) iba a debatirse el próximo día 15 en el Senado.

Todas estas decisiones y declaraciones están creando gran controversia en el Estado francés tanto en los sectores proclives al uso de dicho maíz -en particular los grandes productores de semillas transgénicas que contestan el informe de la Alta Autoridad y acusan al gobierno de ceder a las presiones-, como entre los colectivos anti-OGM que llevan meses reclamando su prohibición.

Tras el gran debate que tuvo lugar en otoño sobre el medio ambiente (Grenelle), en cumplimiento de una promesa electoral, el propio Sarkozy mencionó la posibilidad de recurrir a la claúsula de salvaguarda, lo que contentó a los colectivos anti-transgénicos.

Huelga de hambre

Sin embargo, cuando la ley en preparación empezó a debatirse éstos comprobaron que el texto no garantizaba su aplicación, por lo que, entre otras iniciativas, un grupo de quince militantes anti-OGM encabezado por el altermundialista y ex dirigente de Confédération Paysanne José Bové comenzó el 3 de enero una huelga de hambre en París.

Paul Nicholson, coordinador para Europa de Via Campesina ha manifestado, por su lado, que «la lucha que llevan los agricultores franceses desde hace diez años contra los OGM es crucial para el modelo de agricultura y también para el de la alimentación y el social».

El colectivo Alerte OGM de Ipar Euskal Herria también mostró su «solidaridad y total apoyo a los huelgistas» e interpeló hace días a los senadores y diputados vascos pidiéndoles una reunión para instarles a no votar la ley. Sólo la senadora angelutarra Annie Jarraud Vergnolle y el diputado de la circunscripción vasco-bearnesa Jean Lassalle respondieron a su demanda de reunión.