El Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia, que investiga las denuncias presentadas en Gipuzkoa por los afectados del presunto fraude inmobiliario de Urbancasa, se ha inhibido en favor del juzgado de Tutera que se ocupa de este mismo caso. El juzgado donostiarra entiende que es al navarro al que le corresponde investigar el caso ya que fue el primero que incóo unas diligencias previas. Por tanto, ahora el asunto queda en manos del juzgado de la capital de Erribera, que deberá investigar y decidir si los responsables de esta inmobiliaria ubicada en Donostia cometieron un fraude inmobiliario.

En un principio, los afectados del caso, que saltó a la primera plana informativa el pasado mes de octubre, tenían pensado centralizar todas las denuncias en la Audiencia Nacional, pero finalmente desecharon esa opción. Como presuntos autores del delito se señala al matrimonio Ángel Crespo y María Victoria Ferrer, de 64 y 53 años respectivamente, quienes al cono- cerse el fraude cerraron la empresa y desaparecieron con el dinero de los clientes. Posteriormente, ambos fueron detenidos a finales de octubre en un control de alcoholemia instalado por los Mossos d'Esquadra en Tarragona, y actualmente se encuentran en prisión.

Al parecer, la inmobiliaria Urbancasa ofertaba nuevas viviendas, así como de segunda mano, que posteriormente no se construyeron, y solicitaban a los compradores una entrada que llegó a ascender en algunos casos a 124.000 euros. La oferta incluía principalmente viviendas en Nafarroa y Gipuzkoa, pero según parece también actuaron en Cantabria, Valladolid, Galicia o Málaga, y se estima que los presuntos estafadores se adueñaron indebidamente de algo más de 900.000 euros.

Una veintena de familias residentes en Gipuzkoa y Nafarroa han sido las afectadas por este presunto caso de estafa inmobiliaria que ha salpicado a los responsables de la inmobiliaria Urbancasa.

Sin casa y sin dinero

A la espera de la investigación y el posterior juiucio, los damnificados del supuesto fraude han visto como finalmente se quedaban sin el dinero adelantado a los promotores ni la vivienda que pretendían adquirir, lo que ha extendido la indignación.

Pese a que la primera denuncia por el supuesto fraude fue interpuesta por un vecino de la localidad navarra de Murchante, el caso salió a la luz definitivamente el pasado mes de octubre, momento en el que se conoció la magnitud del engaño.