Es muy poco verosímil la versión oficial sobre el modo en que se produjeron los hechos que llevaron al detenido Igor Portu al Hospital Donostia con importantes lesiones por todo el cuerpo.

(...) ¿Por qué hemos de creer que los golpes los recibió en el momento de la detención, y no más tarde, cuando empezó a ser interrogado? ¿Porque lo dicen quienes le pegaron? La Policía asegura que ya ha sacado provecho del interrogatorio y que ha encontrado un escondrijo en el que Portu y su compañero guardaban explosivos. ¿Será que han confesado por arrepentimiento espontáneo?

Afirmó el lunes Pérez Rubalcaba que todo se hizo «de acuerdo con la legislación antiterrorista». Curioso lapsus, porque donde se establece cómo hay que tratar a los detenidos no es en la legislación antiterrorista, sino en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

No oculto la razón de mis reservas: me mostraría mucho menos suspicaz si no estuviéramos hablando de los servicios especiales de la Guardia Civil que convirtieron en célebres los tétricos calabozos del cuartel de Intxaurrondo y si no recibiéramos las explicaciones de boca de un político que en su día hizo lo imposible para maquillar las complicidades de su partido con los GAL.

Pero el asunto central no es ése. Lo decisivo es que en España a un detenido relacionado con ETA se le puede hacer cualquier cosa porque a la casi totalidad de los políticos, de los medios informativos y de la opinión pública les importa un bledo. Y si se le tortura, pues peor para él. Es la ley del «todo vale».

Como le dijo un famoso juez de la Audiencia Nacional a una detenida: «Vete a quejarte a tus amigos de Amnistía Internacional». A ellos me dirijo yo también.