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Fede de los Ríos

El tormento, cuestión de estado

El uso del tormento en los interrogatorios ha resultado una práctica infame universal. Pocos estados han admitido su utilización. Uno de ellos fue España; así, en documentos de la Inquisición sobre la «Quistion de tormento», es decir, el interrogatorio con tormento, podemos apreciar su metodología. Algo reglado, repugnantemente reglado. El tormento no era aplicado antes de la acusación. No podía producir derramamiento de sangre y las sesiones no debían superar hora y media. Su aplicación por el verdugo era controlada por el médico, «que a veces lo impedía al reconocer previamente a la víctima; otras, aconsejaba posponerlo, y otras, en fin, lo limitaba a una parte del cuerpo que él consideraba sana y no a la que diagnosticaba como enferma». Al lado del atormentado, en posición que «pudiera escuchar hasta los más leves suspiros del acusado», se colocaba un notario que se encargaba de «escribir todo lo que el reo manifestase». Dicha confesión, para tener validez, debía ser «ratificada por el acusado», antes de cuarenta y ocho horas, «libremente, sin el uso del tormento», pues en caso contrario carecería de valor alguno.

¿Algo ha cambiado desde entonces? En el escenario real siguen los verdugos; entre bambalinas, médicos y jueces. En el virtual, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial al que se añade el llamado cuarto poder de los medios de comunicación, negando las más que evidencias, forman un coro de miserables falsarios que niegan lo obvio. Los menos corruptos, tímidamente, se atreven a exigir aclaraciones ante lo meridianamente claro. En el exterior, la mayoría silenciosa, de suyo calla cuando no, encanallados por prensa y radio y televisión, se alegra. Ahora ya no resulta necesaria la ratificación de la confesión del detenido sin el uso del tormento. Fiscales y jueces actúan a posteriori. La autoinculpación arrancada en tormento es la prueba condenatoria.

Cuando Rubalcaba sabe, efectivamente, con «pelos y señales» lo que todos sabemos; cuando gobierno, parlamento y judicatura intentan tapar, por acción u omisión, la verdad escrita en los cuerpos de los detenidos; cuando los medios de comunicación lanzan pantallas de acusaciones queriendo vestir la desnudez de lo ocurrido. Uno se pregunta qué se puede hacer si no es intentar acabar con este estado de cosas acabando con las cosas que conforman este Estado.

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