Se han cumplido cien días desde que la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, Mª Isabel García Malo, presentó el nuevo Instituto Navarro de la Juventud. Ya sé que forma parte de la práctica política conceder cien días de gracia a todo gobierno que se estrena. No obstante, creo que las jóvenes y los jóvenes no podemos esperar más. Necesitamos con urgencia que en Navarra se lleve a cabo una verdadera política de juventud. Porque son muchos años de olvido y dejadez. Porque hemos sido la única Comunidad que no contaba con un organismo autónomo o una dirección general de juventud. Y porque nuestro Gobierno no ha sido capaz de mirar más allá del ocio y el tiempo libre cuando hablaba de juventud.

Esto ha llevado al Consejo de la Juventud de Navarra (CJN) a elevar al nuevo Instituto las diez medidas que creemos que debe adoptar para que podamos construir entre todas y todos una verdadera política de juventud.

En primer lugar, el CJN considera que desde el Instituto Navarro de la Juventud se debe promover un plan de emancipación juvenil que tenga como objeto adecuar los precios de la vivienda al salario medio que perciben los y las jóvenes, y que preste una atención especial a quienes tengan mayores dificultades para emanciparse (mujeres, inmigrantes, personas discapacitadas...). Consideramos que este plan debe buscar soluciones alternativas al problema de la vivienda. Acompañando esta medida, el Consejo propone la creación de una oficina de emancipación que oriente y asesore a las y los jóvenes en materia de empleo, formación y vivienda. Además de realizar estudios sobre el desarrollo de las políticas de vivienda dirigidas a la juventud.

En segundo lugar, el Gobierno de Navarra, junto con los agentes sociales, debe proponer políticas activas de empleo, que permitan el acceso de la juventud a un trabajo con derechos y de calidad. Reduciendo de esta forma la creciente tasa de temporalidad y precariedad. A la vez solicitamos que se garantice el derecho a la libre sindicalización y se promuevan políticas encaminadas a la reducción de los accidentes laborales entre la juventud.

En tercer lugar, el Consejo destaca la elaboración y desarrollo de un plan de juventud para los próximos años adaptado a la realidad juvenil y que cuente con la participación de las jóvenes durante el proceso de elaboración y desarrollo, garantizando así su derecho a decidir.

En cuarto lugar, el Instituto Navarro de la Juventud deberá impulsar a todos los ayuntamientos a que destinen, como mínimo, el 1% de su presupuesto a políticas de juventud. También que se garantice la existencia de espacios públicos gestionados por la propia juventud.

En quinto lugar, el CJN considera que el nuevo Instituto debe analizar y reconocer, con carácter urgente, la nueva realidad asociativa de los y las jóvenes en Navarra. Garantizando, a su vez, el derecho de asociación, reunión y manifestación sin discriminación alguna por razones de procedencia, etnia, religión, ideología, sexo u orientación sexual.

En sexto lugar, el Instituto deberá velar para que la juventud tenga garantizado el derecho a estudiar y vivir en euskera. Cualquier joven tiene derecho en cualquier situación cotidiana a expresarse en euskera y para ello debe garantizarse la normalización del euskera en toda Navarra y en todos los aspectos.

En séptimo lugar, desde el Gobierno se debe posibilitar una igualdad de oportunidades real para los y las jóvenes del medio rural, haciendo hincapié en cuestiones claves como la formación, la movilidad, las infraestructuras y recursos sociales y la promoción de medios informáticos y el acceso gratuito a internet.

En octavo lugar, consideramos necesario que el Instituto establezca mecanismos que garanticen, en todos los ámbitos, una igualdad de oportunidades efectiva entre mujeres y hombres. Asimismo, deberá impulsar y apoyar planes integrales educativo-asistenciales que favorezcan la promoción de la salud sexual y reproductiva. Deberá también proponer al Departamento de Salud la creación de un Centro de Salud Sexual y Reproductiva específico para jóvenes.

En noveno lugar, el CJN solicita que se adapte la adjudicación de subvenciones a la realidad del movimiento asociativo juvenil, promoviendo convenios plurianuales. Así como garantizando la presencia del Consejo en las comisiones adjudicatarias por derecho propio y desarrollando informes preceptivos.

Finalmente y en décimo lugar, el Gobierno foral debe fortalecer y dotar de recursos al Consejo para que éste optimice su papel, trabajo y funcionamiento como representante e interlocutor de la juventud ante la administración y la sociedad.

Esto es lo que desde el CJN consideramos prioritario. Y allí es donde el Gobierno nos encontrará, trabajando por el bienestar y los derechos de la juventud de la Comunidad foral.