El fiscal general del Estado español, Cándido Conde-Pumpido, pedirá esta misma semana al juez Baltasar Garzón la suspensión de las actividades de EHAK, y la próxima semana realizará la misma petición respecto a ANV. Así lo anunció ayer «El País», que añadía que la Fiscalía también planteará la ilegalización ante el Tribunal Supremo, encargado de aplicar la Ley de Partidos.

Según este rotativo madrileño, la Fiscalía española ya ha acumulado datos sobre 49 cargos de Batasuna que, según asegura, «han recibido dinero del PCTV». En lo que se refiere a ANV, la Fiscalía General del Estado está a la espera de contar con un último informe policial sobre esta histórica formación política, cuya fundación es muy anterior a Batasuna y al propio surgimiento de ETA.

De esta forma, el Gobierno de Zapatero pretende realizar la misma operación política que en el año 2002 llevó a cabo Aznar contra Batasuna.

El propio Gobierno del PSOE no oculta su implicación en la ilegalización de las formaciones independentistas vascas.

Así, el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, informó ayer de que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y la Fiscalía del Estado están «trabajando intensamente» respecto a la posible ilegalización de ANV, y anunció que «en el instante en que el conjunto de pruebas que hay esté perfectamente afinado, se dará la orden».