La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, pasó ayer una hoja en el calendario hacia nuevas ilegalizaciones al apuntar por vez primera que la ofensiva contra los partidos abertzales ANV y EHAK se desencadenará «en cualquier momento». Así lo dijo en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

La afirmación de De la Vega coincidió con el fin del periodo de sesiones en las Cortes españolas. Al Ejecutivo español no le ha importado, por tanto, dejar en evidencia así el afán electoralista de su iniciativa, y tampoco parece preocupado por el hecho de que al actuar contra los partidos independentistas vaya a dar la razón al PP, que lo ha demandado con reiteración.

En la entrevista, a De la Vega se le preguntó directamente si actuar contra EHAK y ANV no beneficia al PP. Replicó que no, sino que el Gobierno del PSOE ha actuado «con rigor y seriedad, y siempre acumulando indicios y actuaciones que determinen que se dan las circuns- tancias del caso». Y añadió que es ahora cuando «parece evidente que ANV se ha situado, por sus actuaciones, más cerca de la ilegalización que en cualquier otro lugar».

A esta versión se atuvo también el ministro de Justicia español, Mariano Fernández Bermejo, que argumentó que han debido actuar despacio y con prudencia porque «estamos ante un proceso que toca la médula del sistema democrático (la ilegalización de un partido político legal) y por eso hay que afinar mucho».

Otro tanto hace el máximo responsable del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, en la segunda parte de la entrevista a ``El Mundo'': «Las acciones que tienen que ver nada menos que con la ilegalización de una fuerza política son asuntos serios -esgrime-. No responden a una oportunidad política, sino al trabajo de decenas y decenas de guardias civiles, policías, fiscales y jueces»

El Ejecutivo del PSOE acometerá esta nueva ilegalización de formaciones abertzales pese a que en fechas recientes el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido a trámite los recursos presentados por Batasuna y otros partidos y candidaturas independentistas vetadas en la primera fase del ciclo electoral ilegalizador (entre los años 2003 y 2005).

La incomodidad de Garzón

La manera en que este proceso de amenaza in crescendo se ha ido «radiando» en los medios de difusión madrileños ha puesto en aprietos al propio juez Baltasar Garzón, que sería el encargado de dictaminar la suspensión de actividades, medida de veto efectiva mientras se impulsan paralelamente las demandas de ilegalización de ambos partidos, que requerirían algunas semanas de tramitación.

Garzón manifestó el domingo en una entrevista su malestar por esta situación: «Yo sé lo que hay que hacer, como cualquier juez competente, pero no se debe hablar de este tema, máxime cuando se trata de causas declaradas secretas. No se debe hablar para no generar unas expectativas que pueden verse frustradas». Garzón trató de desmentir además la relación de la medida con las elecciones.

La «hoja de ruta» inminente está ya muy marcada por las declaraciones de representantes del Gobierno y del propio Garzón, así como las constantes filtraciones periodísticas. En uno de los dos frentes existentes, el de las demandas para que ANV y EHAK sean ilegalizados al catalogarles como sucesores de Batasuna mediante un «incidente de ejecución» de sentencia, ``El País'' anticipó ayer que la Fiscalía lo reclamará esta semana contra EHAK y la próxima contra ANV. Se buscaría así un doble impacto mediático en estas vísperas electorales.

En cuanto a la otra vía, la de suspensión de actividades a cargo de Garzón, el propio juez indicó el domingo que espera recibir esta semana el informe policial definitivo para proceder. El viernes ya se filtró un documento de 300 páginas remitido por la Guardia Civil a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.