Las torturas y malos tratos infligidos a Igor Portu y Mattin Sarasola tienen múltiples lecturas. Por un lado, constituyen un nuevo ejemplo de vulneración del art. 15 de la Consti- tución española, que establece que nadie, en ningún caso, puede ser sometido «a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». ¿Quién dijo aquello de «Constitución, Constitución, Constitución»? Por otro lado, los pronunciamientos del ministro del Interior y del presidente del Gobierno español, avalando la actuación de la Guardia Civil, no dejan lugar a dudas en cuanto a que el actual ejecutivo tolera y ampara la tortura, incluso a pesar de los indicios y de la existencia de documentos que avalan fehacientemente la existencia de ésta. Esas declaraciones suponen un freno a cualquier iniciativa contra esas prácticas por parte de aquellos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que consideran indignas ese tipo de actuaciones.

Si bien los medios (GARA, principalmente) han prestado atención a los casos de Portu y Sarasola, difundiendo el contenido de un parte médico, tomas de declaración o la declaración de un testigo presencial, existe un aspecto que no ha sido lo suficientemente reflejado y que queda en un segundo o tercer plano. Ambos casos son el producto de una pedagogía institucional que prácticamente autoriza a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a utilizar cualquier método para llevar a cabo eso que, desde el 11 de septiembre de 2001, se denomina «la guerra contra el terror».

Algunos políticos han ido más allá, como José Bono, al declarar: «Si tiene que haber bajas, que no sean las nuestras», llegando a justificar así el modelo del ensañamiento. Bajo este prisma, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado estarían actuando de acuerdo con el sentimiento de estar vengando, castigando y reparando una afrenta; es decir, los torturadores -y posiblemente también sus instructores y los políticos que amparan estas prácticas- actuarían guiados por la premisa de que esto es un mal menor. Previamente, ya se ha construido el enemigo adecuado.

La revelación del parte médico ha tenido un efecto dinamizador en el seno de la población, a través de movilizaciones espontáneas de la ciudadanía o convocadas por organizaciones sociales, políticas o sindicales. Con su divulgación, comentaristas que no se suelen «mojar» ante esta cuestión («la question» era la expresión que empleaba la división de paracaidistas franceses para referirse a la tortura en Argelia), han tenido que decir que se investigue, para que «nuestra democracia» no se vea tan magullada como Igor y Mattin.

Considero tibias las posiciones que reclaman un simple esclarecimiento de los hechos (incluido el caso de Gorka Lupiañez). Para erradicar la tortura, además de lo anterior, es necesaria la derogación de la Ley antiterrorista, y que la tortura sea considerada crimen de estado. Que se juzgue y condene a quienes torturan, a quienes hacen apología y a quienes la amparan políticamente.