La sentencia del TSJN ha declarado nulo de pleno derecho el acuerdo del Gobierno de Nafarroa por el que otorgaba la autorización ambiental integrada para una nueva central térmica de ciclo combinado de 400 MW, promovida por la empresa Elerebro para Hidrocantábrico en Castejón. Esta sentencia es «un hito importantísimo», según la Plataforma de la Ribera + Centrales No, por cuanto «culmina un largo y complicado camino que hemos venido recorriendo en estos últimos tres años».

En nombre de la Plataforma, Jesús Mari Tomás y Dani Maeztu recordaron en rueda de prensa que, hasta llegar a esta sentencia, se les habían denegado todos los recursos administrativos presentados ante las diversas administraciones, y que tampoco habían prosperado las numerosas iniciativas políticas que han promovido en estos años para solicitar la paralización de las centrales térmicas.

En concreto, habían presentado mociones en ayuntamientos y en el Parlamento navarro, así como una proposición no de ley en el Congreso español. También solicitaron el amparo institucional al Ararteko de Nafarroa y al Defensor del Pueblo del Estado español, pero fue desestimado porque estimaban que la ampliación de la térmica no incumplía la normativa vigente. Del mismo modo, fue denegado el recurso que presentaron ante la Comisión Europea.

«Todo este panorama tan negativo -dijo Jesús Mari Tomás- ha cambiado radicalmente. Esta sentencia del TSJN tiene una importancia trascendental, no ya sólo por sus connotaciones políticas, jurídicas y económicas, que son tremendas, sino también por el triunfo moral que supone para los miembros de la plataforma de Castejón y para las numerosas plataformas antitérmicas que existen en el Estado español, así como para el resto de organizaciones, colectivos y movimientos sociales que están luchando contra la especulación urbanística e industrial que está destrozando nuestro medio ambiente».

Según el portavoz de la Plataforma, «frente al `todo vale' imperante hasta la fecha en lo concerniente a la construcción de instalaciones contaminantes y peligrosas, empieza a abrirse paso el imperio de la ley». A su juicio, se trata de una sentencia «clara y contundente, que declara como probados todos los hechos que nosotros presentamos en la demanda».

Tras recordar que la central de Hidrocantábrico se encuentra a 68 metros de las primeras casas de Castejón y la central de Iberdrola está a 114 metros, «hecho que ni tan siquiera es puesto en cuestión por la propia Administración», explicó que la sentencia del TSJN también reconoce que ambas centrales son «potencialmente peligrosas, sin duda contaminantes y por tanto nocivas e insalubres».

Se apoya en la doctrina del TS

Otro «argumento trascendental» que la sentencia reconoce es que el estudio de impacto ambiental que presentó la empresa promotora era «insuficiente», en la medida en que no presentaba alternativa alguna a su proyecto. «El TSJN dice que el hecho de que ya existan instalaciones preexistentes sobre el terreno no es de por sí un argumento suficiente para que no presentasen alternativas a ese proyecto», informó Tomás.

Pero «lo trascendental» de la sentencia, según explicó, es que todos estos argumentos son defendidos por el TSJN apoyándose en la propia doctrina que ha ido elaborando el Tribunal Supremo sobre la materia, entre ellos la sentencia sobre la planta de biometanización de Arazuri.

Responsabilidades políticas

En base a la sentencia del TSJN, la Plataforma entiende que «es el momento de empezar a exigir responsabilidades políticas a quienes han permitido construir instalaciones ilegales».

En concreto, considera que el responsable político último es el ex consejero de Medio Ambiente, Andrés Burguete (CDN), «pero también el Ayuntamiento de Castejón, con el alcalde a la cabeza, porque no interpuso recurso contencioso-administrativo, como lo hicimos nosotros, lo que revela que estaba de acuerdo con la decisión del Gobierno de Navarra».

La Plataforma también cree que hay que dar una «respuesta adecuada» tanto al Ararteko de Nafarroa como al Defensor del Pueblo español, «que nos dijeron que no merecíamos amparo porque esas instalaciones cumplían la normativa vigente», así como a la Comisión Europea.

Además, recordaron que los ministerios españoles de Medio Ambiente y de Industria son los «máximos responsables» a la hora de conceder las correspondientes autorizaciones para que puedan funcionar las centrales.

Por ello, nada más conocer la sentencia, la Plataforma envió un escrito al secretario de Estado de Producción y Control de la Contaminación del Ministerio de Medio Ambiente instándole a que tenga en cuenta esta sentencia del TSJN y no conceda derechos de emisión al nuevo proyecto de Hidrocantábrico.

Del mismo modo, confía en que los grupos políticos de Nafarroa que se han posicionado en contra de estas centrales térmicas insten al Gobierno navarro a que ejecute la sentencia y no la recurra.

Por su parte, el abogado Dani Maeztu recordó que la Declaración de Impacto Ambiental fue concedida por el Ministerio de Industria «aun reconociendo que es una instalación que se encuentra rodeada de Lugares de Importancia Comunitaria».

Otro argumento que presentó la Plataforma es que no se están cumpliendo los parámetros que establece la normativa vigente sobre contaminación atmosférica, ya que desde el año 2002 se han venido superando los niveles de ozono troposférico, tal como reconoce la propia empresa.