Fraude de la hacienda en irun
La comisión sobre el fraude de Hacienda arranca con ausencias
La comisión de las Juntas Generales de Gipuzkoa que investiga las posibles responsabilidades políticas del fraude de la Hacienda de Irun inició ayer la ronda de comparecencias de imputados con la ausencia del principal acusado, José María Bravo, que rehusó acudir a la citación. La funcionaria Pilar Gracenea, una de las cinco personas imputadas, reiteró que no sospechó que se cometieran irregularidades en las dependencias forales de Irun.
GARA | DONOSTIA
A puerta cerrada, durante dos horas y media y acompañada de su abogada Elena Garayalde compareció ayer Pilar Gracenea ante la comisión de Juntas Generales que investiga las posibles responsabilidades políticas del fraude de la Hacienda de Irun que, la víspera, el titular del ese departamento en la Diputación de Gipuzkoa, Pello González, cifró por encima de los ocho millones de euros .
Inicialmente, Gracenea había solicitado que su comparecencia fuera pública, pero las Juntas Generales le negaron esta posibilidad, alegando el carácter secreto de la comisión Al término de su comparecencia, Gracenea rechazó hacer declaraciones a la prensa y se limitó a recalcar que se encuentra «muy tranquila».
Instantes antes, la imputada había pactado con los miembros de la comisión una nota cuyo contenido fue dado a conocer a los medios de comunicación por el presidente de este órgano, Julio Astudillo, quien calificó de «positiva» la comparecencia de Gracenea para «el esclarecimiento de los hechos investigados, así como su voluntad y disposición a colaborar de cara a este fin».
Astudillo explicó que las cuestiones planteadas a la imputada versaron sobre las funciones que desempeñó en el departamento foral de Hacienda, la estructura de la oficina de Irun, su capacidad de acceso a información tributaria, y la organización de la supervisión y control del trabajo en esta sucursal.
Precisó que, durante la comparecencia, fue interrogada sobre «la gestión de expedientes que no eran de la competencia de la oficina de Irun y la autorización para su remisión».
Citando fuentes del caso, Efe indicó que Gracenea reiteró que no sospechó que se estuviera cometiendo irregularidades en la Hacienda de Irun. Agregaron que corroboró las declaraciones que hizo en su momento ante la Ertzaintza y ante el juzgado de instrucción que investiga las responsabilidades penales.
En su declaración judicial, celebrada el pasado 2 de agosto, la imputada dijo que no tenía sospechas de que en la oficina de Irun en la que trabajaba se estuviera cometiendo ningún tipo de irregularidad.
A diferencia de ayer, en aquella ocasión la imputada sí atendió a la prensa en un receso de su declaración y su abogada explicó que, a su entender, no existen motivos para que su defendida se encuentre acusada en este caso.
La letrada opinó entonces que el motivo de la imputación de Gracenea se debe a que trabajaba en la oficina de Hacienda de Irun y a que posee «un porcentaje» en una inmobiliaria «a la que también pertenece» el ex director de esa delegación tributaria, José María Bravo, el único de los cinco acusados encarcelado y que, tal y como había anunciado, no compareció ayer ante la comisión.
Efe indicó que, en su comparecencia de ayer, Gracenea aportó documentación.
Astudillo presentó las citaciones como fruto de la labor realizada por la que la comisión, que ya lleva «tiempo trabajando» en la «copiosa documentación» que le remitió la Hacienda foral.
El presidente de la Comisión recordó que el fraude de la Hacienda de Irun es un asunto «de verdadera alarma social», ya que es una «trama» que ha funcionado «en la sala de máquinas» del Gobierno foral.
A su juicio, deben «depurarse las responsabilidades políticas» que haya podido haber por «acción, omisión o negligencia», ya que «ni Gracenea, ni Bravo eran políticos, sólo funcionarios».
En este sentido, reiteró que «la razón de ser» de la comisión es «averiguar la verdad política», «ver qué mecanismos han fallado» para que se haya podido materializar un fraude que supera los ocho millones de euros, según los datos facilitados por el diputado de Hacienda.
Pello González aclaró que inicialmente se pensaba que la cantidad que dejó de ingresar la Hacienda foral era de 7.553.137 euros, aunque los 51 nuevos expedientes detectados ahora elevan esta cantidad hasta los 8.125.106 euros. Desveló, además, que la «trama» que puso en marcha el presunto fraude se habría apropiado ilícitamente de más de 1.638.552 euros.
El diputado de Hacienda explicó que el departamento que dirige actuará como una «Policía judicial» y citará a declarar a los afectados y avanzó que Hacienda ha acordado un «sistema» especial con el juzgado y la Fiscalía, para evitar que éstos se nieguen a acudir alegando la falta de competencia foral para estas labores.
González afirmó que su departamento cumple con el compromiso de mantener «tolerancia cero» con este tipo de actuaciones y «de intentar llegar al final de toda la investigación de la trama de Irun y de otras posibles tramas que pudiera haber». La Hacienda foral pretende recuperar «la confianza en la institución» y sostiene que «en la medida de lo posible» pretende recabar el dinero «robado» a los guipuzcoanos «por vía de responsabilidad civil o penal».
El presidente de la comisión de JJGG explicó que Pilar Gracenea, imputada en el caso, respondió a cuestiones que giraron en torno a las funciones que desempeñó en el departamento de Hacienda, la estructura de la oficina de Irun y la organización del trabajo, entre otras.
La funcionaria Pilar Gracenea compareció ante la comisión de investigación durante dos horas y media, a puerta cerrada, acompañada de su abogada. Gracenea, una de los cinco imputados, reiteró que no sospechó que se cometieran irregularidades.
LAB consideró que las declaraciones de responsables forales «no son más que una forma de aparentar que hacen algo y que quieren terminar con el fraude cuando no es verdad» y expresó su temor a que pueda darse «un cierre en falso».
El sindicato LAB se concentró ayer ante las Juntas Generales de Gipuzkoa bajo el lema «Iruzurrik ez!!! Nor da arduraduna?» e hizo entrega de una relación de preguntas que, a su juicio, la comisión de investigación debe realizar a Bravo, al resto de los imputados y a los contribuyentes de los nuevos 51 expedientes con posibles irregularidades detectados por la Hacienda foral, que también serán llamados a declarar.
A la central sindical, personada como acusación en el caso que se sigue en los tribunales por el fraude en la Hacienda de Irun, se le negó la participación en la comisión, así como el acceso a las actas de la misma, situación ante la que el portavoz de LAB, Josean Urkiola, aseguró que el sindicato «va a seguir investigando por sus vías» y que llegará «al fondo» en lugar de conformarse con «un cabeza de turco».
Así, LAB subrayó que la cuestión de las «incompatibilidades» es clave, e insistió en que deben aclararse «no solo las responsabilidades penales, sino también de complicidad».
En el mismo sentido, entre las preguntas dirigidas al principal imputado, José María Bravo, que hacen extensibles al resto de los funcionarios implicados, plantean «cómo entraron en Diputación», si se actuó con ellos de forma distinta a otros contratados en la Hacienda guipuzcoana o «dónde, cuándo y quién o quienes tomaron dichas decisiones», en referencia a «la compatibilidad de su trabajo como funcionario con otras actividades».
El sindicato quiere saber, entre otras cuestiones, cómo ingresó José María Bravo en la Diputación, en virtud a qué procedimiento de promoción profesional accedió al puesto de jefe de la Oficina de Irun, si reunía todos los requisitos para ese puesto y si solicitó la pertinente autorización a la institución foral para trabajar en la asesoría fiscal Urdanibia.
«Estamos convencidos de que esta permisividad y complacencia, al margen de los controles que se deberían haber realizado, posibilitan o facilitan la existencia de fraude, como se ha demostrado en este caso», apuntaron responsables de LAB y subrayaron que «hoy mismo -por ayer- tiene que declarar ante esta comisión de investigación otra implicada a la que alguien ha tenido que autorizar para compatibilizar su trabajo en la Administración con otro».
Desde el sindicato LAB criticaron asimismo las declaraciones de responsables forales que, a su juicio, «no son más que una forma de aparentar que hacen algo y que quieren terminar con el fraude cuando no es verdad» y expresaron su temor a que pueda darse «un cierre en falso», en lugar de «tirar de la manta hasta las últimas consecuencias».
Josean Urkiola destacó que la «trama» de la Hacienda de Irun «es mucho más amplia» y «no afecta sólo a las personas concretas que están», por lo que insistió en que «hay mucho más que tirar de la manta».
Además, el protavoz de LAB denunció que ya se ha «legalizado otro fraude» en referencia a la rebaja del impuesto de sociedades, aprobada por decreto, que tildó de «nueva fórmula mágica» de quienes «están más preocupados por sacar tajada de la actual situación» que por terminar con todo el fraude».
El sindicato afirma que la «trama» de la Hacienda de Irún «es mucho más amplia» y «no afecta sólo a las personas concretas que están», por lo que insistió en que «hay mucho más que tirar de la manta» y avanzó que seguirá investigando.
