El Consejo de Ministros español decidió ayer acudir al Tribunal Constitucional para recurrir dos artículos de la Ley navarra del Patrimonio de 2007 ya que establece que pertenecen al herrialde los inmuebles vacantes y los saldos y depósitos abandonados, cuando el Gobierno español entiende que corresponden a la Administración General del Estado y que la legislación civil es competencia estatal en exclusiva.

Ambas partes trataron de ponerse de acuerdo y evitar el recurso, e iniciaron negociaciones para ello en la Junta de Cooperación que comparten, pero no han logrado «resultados satisfactorios», informó Madrid.

La nueva regulación contenida en la citada ley sigue las líneas de una norma de 1985, aunque en sus artículos 15 y 16 establece la pertenencia a este herrialde de los inmuebles vacantes y de los saldos y depósitos abandonados, por fallecimiento sin herederos o ausencia de titular conocido.

El Gobierno argumenta que esta regulación excede las competencias de Nafarroa e invade la capacidad exclusiva en materia de legislación civil que tiene el Estado, de acuerdo con la Constitución española. «En este sentido se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional en los supuestos en los que otras leyes autonómicas han pretendido atribuirse los mismos bienes y valores», apuntó el Ejecutivo.

También entiende que se vulneran los artículos 17 y 18 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que fija que pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que careciesen de dueño, así como los valores, dinero y demás bienes muebles, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abandonados durante 20 años.