El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rehabilitaba ayer a 14 remeros de la SDR Astillero y a su entrenador de la acusación de haberse negado a un control antidopaje que el Gobierno de Lakua dirigía contra ellos y decidía anular la sanción que les prohibía remar durante dos años en la CAV.

El Gobierno de Gasteiz había sancionado a esos 15 deportistas por los hechos que sucedieron tras la regata de Hondarribia del 24 de setiembre de 2005, cuando fueron citados a un control antidopaje ante las sospechas que había suscitado en la ACT y en la Dirección General autonómica de Deportes la cantidad de permisos médicos que pedían para tratarse con glucocorticoides por diferentes dolencias.

En la sentencia que se hizo pública por la mañana, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV reconoce que el control antidopaje no consistió en una toma de muestras, sino en un interrogatorio al que los remeros se negaron a responder hasta que se presentara el abogado del club.

El TSJPV razonaba que «un deportista no puede negarse a someterse a una toma de muestras biológicas en un control antidopaje, de la misma forma en que un conductor no puede negarse a una prueba de alcoholemia», pero añadía que, «si el control consiste en un interrogatorio, le asisten todos sus derechos constitucionales; esto es, no declarar contra sí mismo, no declarar si no quiere o declarar con asistencia de un letrado».

La sanción que ayer se decidió anular-ya había sido suspendida cautelarmente en 2006-, afectaba a los remeros José Antonio Acebal, José Carlos González, José Ángel Vázquez, Luis Pazos, José Antonio Cuero, Israel Bolado, Enrique Vitoria, Roberto Pérez, Ionel Sorín, Vasile Matei, Mauricio Monteserín, Enrique López, Iñaki Errasti y Fernando Rúa, y al entrenador José Manuel Francisco.

El Tribunal basa su decisión el hecho de que «no se ha impedido la recogida de muestras para el control de sustancias dopantes -sancionada en la Ley del Deporte del País Vasco de 1998-, sino que los imputados estaban en su derecho».

«Es irrelevante si los recurrentes -los remeros y el entrenador- se negaron a declarar o si estaban a la espera de la llegada del letrado, ya que es conforme a derecho su negativa a declarar», razonaba el magistrado.

«No más sangre»

Tras conocer la sentencia, el presidente de Astillero, Francisco Gárate, abogaba por normalizar la situación deportiva del club ingresando en las divisiones inferiores del remo, sin exigir responsabilidades por la sanción ahora anulada «porque el daño ya está hecho y no queremos hacer más sangre».

Gárate recordó que, desde que fue sancionada por el Gobierno de Lakua, Astillero se ha quedado al margen de las competiciones deportivas de traineras y ha soportado que «se sembraran sospechas» sobre la limpieza de sus victorias que teme que «resultará difícil borrar», pese a esta sentencia.

El presidente de Astillero no es «partidario de exigir responsabilidades ni de abrir nuevos procedimientos» contra quienes les acusaron de dopaje o les excluyeron de la Liga ACT, sino que aboga por «normalizar» la situación del club y dar los pasos necesarios para ingresar en la Liga ARC. Sólo pidió que se devuelvan al club los 99.000 euros que aportó como fianza para conseguir la suspensión cautelar de la sanción que prohibía a esos remeros competir durante dos años en la CAV.

Cuando sucedieron los hechos, Astillero era la trainera más fuerte. En 2005 se había proclamado campeona estatal, ganaba su segunda Liga ACT y se impuso en 21 de las 33 regatas en las participó.

Tras aquel incidente, Astillero se vio inmerso en una espiral de acusaciones de dopaje que acabaron con su expulsión de la Li ga ACT por no presentar a tiempo unos documentos relacionados con la supervisión médica de sus remeros. Éstos se sometieron a 104 controles antidopaje, todos negativos.

En el plano deportivo, la propia ACT había exonerado a los remeros de Astillero de cualquier responsabilidad mediante un laudo que reconocía su buena disposición para aclarar el motivo de las solicitudes de tratamiento médico.