Se estima que la tuberculosis (TB) acaba con la vida de dos millones de personas cada año y que otros nueve millones desarrollan la enfermedad.

Aunque cada vez hay un mayor número de víctimas, no ha habido avances terapéuticos desde la década de los sesenta; las pruebas diagnósticas más utilizadas (frotis de esputos al microscopio) fueron desarrolladas en 1882 y sólo detectan la TB en la mitad de los casos. Se estima que cada año se necesitan 900 millones de dólares americanos para investigación y desarrollo en el campo de la TB, pero en todo el mundo sólo se invierten 206 millones.

Los tratamientos y pruebas diagnósticas existentes están todavía menos adaptados a las personas con VIH/sida, las presas más fáciles para el bacilo de la TB. Y para las más de 450.000 personas que se infectan cada año con la TB multirresistente a los medicamentos (MDR-TB por sus siglas en inglés) o la desarrollan a consecuencia de tratamientos incompletos, las perspectivas de supervivencia son cada vez menores.

La única garantía para las pocas personas que pueden acceder al tratamiento de la MDR-TB es ingerir hasta durante veinticuatro meses un cóctel diario de medicamentos, muy tóxicos y caros, que suelen tener graves efectos secundarios.

En los programas de MSF en Armenia, Abjasia, Georgia, Camboya, Kenia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán, incluso en las mejores condiciones, sólo un 55% de los pacientes con MDR-TB completaron el tratamiento de entre 18 y 24 meses. El resto murieron, no mejoraron o interrumpieron el tratamiento debido a los efectos secundarios.

Además de la frustración del personal sanitario que lucha contra la pandemia de la TB, no todos los nuevos fármacos están siendo testados en los pacientes de MDR-TB, los más necesitados.

En un reciente artículo publicado en la revista médica PLoS Medicine, expertos internacionales hicieron un llamamiento a que todos los medicamentos fueran probados en pacientes con tuberculosis resistente al tratamiento estándar. Este enfoque podría facilitar la detección de la actividad anti-TB de nuevos fármacos y acelerar el desarrollo de medicamentos eficaces.

La desnutrición aguda en la infancia es frecuente en amplias zonas del Cuerno de África, el Sahel y el sur de Asia. Cada año, ésta es responsable de la muerte de cinco millones de niños menores de 5 años. Los alimentos preparados ricos en nutrientes (RUF por sus siglas en inglés) son una respuesta reciente y efectiva que puede salvar la vida a miles de niños con desnutrición aguda.

Estos productos, a base de pasta de leche de cacahuete enriquecida con todas las vitaminas y nutrientes necesarios para una recuperación rápida, no requieren refrigeración ni preparación y posibilitan el tratamiento a domicilio de la mayoría de niños malnutridos. Pero hasta la fecha estos productos sólo están al alcance de una pequeña parte de niños severamente desnutridos. MSF urge a los donantes internacionales a que apoyen de forma sistemática la compra y el uso de RUF en los países donde se necesitan.

Los RUF también tienen el potencial de impedir que los niños contraigan malnutrición aguda si se les trata en estadios más tempranos. Esto significa que los programas de ayuda alimentaria que se ocupan de los niños más pequeños deben incorporar los RUF para tratar las formas menos severas de malnutrición e impedir así el desarrollo de su forma aguda en zonas de alta prevalencia. En Níger, MSF lanzó un programa piloto en 2007, utilizando RUF modificados como suplemento para prevenir la malnutrición en unos 62.000 niños durante el periodo de escasez alimentaria que se da todos los años entre cosechas. El programa ha ayudado a contener el aumento de la desnutrición aguda en uno de los distritos del país con mayor prevalencia.

Además de pedir una ampliación urgente del uso de los alimentos preparados ricos en nutrientes entre los niños más necesitados, Médicos Sin Fronteras urge a que se hagan más esfuerzos para utilizarlos como suplemento nutricional e impedir así que los niños entren en niveles más graves de malnutrición.

Atrapados por los combates entre las fuerzas gubernamentales y los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil, los civiles en el este y el norte de Sri Lanka viven aterrorizados. Aunque Sri Lanka se ha visto afectada por enfrentamientos de forma intermitente durante casi 25 años, el conflicto ha recibido muy poca atención, especialmente en cuanto al número de víctimas civiles en las zonas de conflicto.

Bombardeos selectivos, matanzas, ataques suicidas, explosiones de minas, secuestros, reclutamientos forzados, extorsiones, restricciones de movimientos y detenciones arbitrarias hacen que la vida diaria en Sri Lanka sea cada vez más precaria. Cientos de miles de civiles necesitados de asistencia humanitaria se han visto obligados a abandonar sus hogares desde que se reanudaron los combates en agosto de 2006. Esta desastrosa situación se ve agravada por un clima de hostilidad y sospecha hacia las organizaciones humanitarias.

Como resultado, la ayuda se ve cada vez más restringida y la población civil sufre la consiguiente falta de acceso a la asistencia de urgencia. Esta falta de respeto por la ayuda humanitaria se produce justo cuando las zonas cercanas a la línea de frente casi se han quedado sin médicos especialistas y los hospitales ya no disponen de recursos humanos para atender a los heridos. Tras haber tenido que evacuar a sus equipos a finales de 2006, MSF ofrece hoy atención médica, obstétrica y quirúrgica en Point Pedro, Vavuniya, Kilinochchi y Mannar.

Los titulares sobre la República Democrática del Congo (RDC) en 2007 dedicaron escasa atención a la crisis humanitaria que actualmente está teniendo lugar en la provincia de Kivu Norte, en el este del país. Más de un año después de las primeras elecciones democráticas en décadas, que se suponía iban a llevar la estabilidad a esta región devastada por el conflicto, los enfrentamientos entre grupos armados han continuado. Con el apoyo de la MONUC, la misión de Naciones Unidas en RDC, el Gobierno está ahora en guerra abierta con las fuerzas del líder rebelde Laurent Nkunda.

Diferentes grupos, como los mai-mai y los rebeldes hutu de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, están implicados en los enfrentamientos. Cientos de miles de personas han abandonado sus hogares durante este año y muchas de ellas se han visto obligadas a desplazarse en varias ocasiones. Los desplazados suelen esconderse en el monte, con poco acceso a alimentos o a atención médica básica, y bajo la constante amenaza de ataques de los grupos armados.

Con pocas posibilidades de recibir atención sanitaria, los desplazados congoleños son cada vez más vulnerables a enfermedades que podrían tratarse fácilmente, como malaria, infecciones respiratorias, complicaciones obstétricas o malnutrición. Brotes de cólera han asolado Rutshuru y Goma, la capital provincial de Kivu Norte. Los equipos de MSF han reforzado sus actividades para intentar responder a las crecientes necesidades sanitarias, pero los enfrentamientos y la inseguridad dificultan la prestación de asistencia a la población por parte de los trabajadores humanitarios. De hecho, grandes zonas continúan siendo inaccesibles.

Un aspecto especialmente inquietante del conflicto en RDC es la altísima tasa de violencia sexual; sólo en Kivu Norte, MSF prestó asistencia a más de 2.375 víctimas de enero a octubre de 2007. En el distrito de Ituri, escenario de combates entre diferentes grupos armadas que operan en Kivu Norte, 150.000 desplazados internos aún no pueden regresar a sus hogares y siguen siendo vulnerables a la explotación y agresiones, en medio de la más absoluta pobreza.

En el hospital Bon Marché de Bunia, la capital de Ituri, MSF ha tratado a 7.400 víctimas de violaciones durante los últimos cuatro años. Más de una tercera parte de estas personas fueron atendidas en los últimos 18 meses. Este año, MSF también respondió a varios brotes epidémicos en otras provincias, incluyendo una epidemia de Ébola en el sur de la provincia de Kasai Occidental.

En una lucha por el control del narcotráfico, el conflicto en Colombia suele ocupar los titulares de las noticias, pero su impacto sobre la población civil raramente es el centro de atención. A través de los años, unos 3,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia perpetrada por las tropas gubernamentales, los paramilitares y las fuerzas rebeldes que se baten por el control territorial, situando a Colombia en el tercer lugar de la lista de países con mayor número de desplazados internos después de Sudán y la República Democrática del Congo.

Los grupos armados tienen el control de casi la mitad de las zonas rurales del país, privando a los civiles del acceso por carretera a la atención sanitaria, forzando a los niños a enrolarse en las milicias y matando a todo sospechoso de colaborar con bandos rivales. El Gobierno también trata a la población civil como potencial colaboradora de grupos armados, por lo que suele someterla a duras represalias. Desesperadas, las familias abandonan sus hogares con poco más que lo puesto para refugiarse en zonas marginales de centros urbanos, donde suelen encontrar unas condiciones tan amenazantes como las que dejaron atrás cuando huyeron. Sus nuevas casas no son más que chozas hacinadas sin instalaciones adecuadas.

Estas condiciones de vida pueden provocar infecciones respiratorias y enfermedades diarreicas, pero hay poco acceso a la atención sanitaria.

Médicos Sin Fronteras está presente en 13 de los 24 departamentos de Colombia, trabajando en zonas rurales aisladas a través de clínicas móviles y fijas, y en zonas urbanas donde se concentran las poblaciones desplazadas. Los equipos dispensan atención médica que va desde vacunaciones a atención de salud reproductiva, pasando por servicios de urgencia y ayuda psicológica a víctimas de la violencia.

Mientras Colombia entra en su sexta década de conflicto y los grupos armados continúan apuntando a los civiles, muchos colombianos no recuerdan ya los días en que la vida cotidiana no estaba dominada por las armas y el terror.

Aislada del mundo exterior desde que la Junta Militar gobernante subió al poder en 1962, la población de Myanmar (antigua Birmania) sufre las consecuencias de la represión y el abandono. La violenta actuación del ejército contra los monjes que salieron a la calle a manifestarse a favor de la democracia en setiembre de 2007 atrajo la atención internacional, pero no mostró lo que los birmanos de a pie viven cada día.

Ante las elevadas tasas de malaria y VIH, la población empobrecida apenas recibe asistencia; sólo un 1,4% del presupuesto nacional está destinado a servicios de atención sanitaria. A pesar de las urgentes necesidades, hay pocas organizaciones de ayuda humanitaria que trabajen en el país y, para las que están presentes, operar de forma imparcial e independiente resulta difícil.

Viajar por el país requiere mucho tiempo para solicitar visados, lo que prácticamente imposibilita la evaluación de necesidades y la respuesta a emergencias. En algunas regiones como la afectadas por el conflicto armado contra los rebeldes karen y los mon, en la frontera oriental con Tailandia, las restricciones gubernamentales han frustrado los esfuerzos de la ayuda humanitaria, incluidos los de MSF.

Los mayores vacíos en servicios de salud se encuentran en el estado de Rakhin occidental, donde Médicos Sin Fronteras trató a 210.000 personas con malaria en 2006. Los musulmanes de este estado (los rohingyas), viven en condiciones extremadamente precarias. Privados de derechos de ciudadanía por el Estado, este colectivo sufre múltiples formas de abuso.

La lenta respuesta a la pandemia del sida en el país ha contribuido a la propagación del virus. En Rangún, Rakhin, Kachin y Shan, MSF ofrece atención integral de VIH/sida, pero apenas cubre una pequeña parte de las necesidades. Aunque hay poca información independiente para saber el número real de birmanos que necesitan medicación antirretroviral, de las 360.000 personas que según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas viven con el VIH, se cree que sólo 10.000 reciben tratamiento (de ellas, 8.000 son pacientes de Médicos Sin Fronteras). Las cifras de acceso a la asistencia médica bajan aún más cuando se trata de enfermedades asociadas al sida, como la tuberculosis. Como resultado, la ONU estima que cada año mueren 20.000 personas de sida en el país.

Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes en el norte de la República Centroafricana (RCA), que empezaron a finales de 2005, han causado importantes desplazamientos de población. En el noroeste, las aldeas son atacadas, saqueadas e incendiadas, obligando a sus habitantes a refugiarse en los bosques cercanos y restringiendo gravemente su acceso a la atención médica.

En 2007, MSF dio apoyo a estructuras de salud y prestó servicios de atención primaria y secundaria en las áreas de Kabo, Batangafo, Paoua, Kaga Bandoro, Markounda y Boguila, en el noroeste, y en Birao y Gordal, en el noreste. Durante los primeros ocho meses del año, se realizaron más de 100.000 consultas y decenas de miles de personas -muchas de ellas, niños menores de 5 años- fueron atendidas por malaria y otras enfermedades infecciosas asociadas a la pobreza. Pero los acosos y la inseguridad generalizada obligan con frecuencia a MSF a interrumpir sus clínicas móviles sin preaviso, lo que a veces ha dejado a la población sin acceso a atención sanitaria durante periodos de hasta ocho semanas. En junio, la trabajadora humanitaria de MSF, Elsa Serfass, murió a consecuencia de un disparo de un grupo rebelde, lo que obligó a MSF a reducir sus actividades en el noroeste de RCA.

La violencia en esta zona también ha obligado a cerca de 30.000 personas a refugiarse en el vecino Camerún, donde carecen de cobijo, alimentos y asistencia médica. Durante el año, MSF realizó una intervención nutricional tras detectar alarmantes tasas de malnutrición entre los niños refugiados.

Más de 45.000 refugiados de RCA se concentran en el sur de Chad, donde MSF trabaja en un hospital de distrito y presta asistencia a los refugiados y a la población local. En Vakaga (noreste), con una población de unos 45.000 habitantes, la violencia entre los grupos rebeldes y el ejército ha obligado a miles de personas a buscar refugio en los bosques cercanos. La región presenta una falta casi absoluta de atención sanitaria. MSF asiste a la población afectada a través de clínicas fijas y móviles en Birao y Gordil.

Han pasado casi cuatro años desde que bajó la intensidad de los combates entre las fuerzas militares y paramilitares del Gobierno ruso y los rebeldes en la República de Chechenia, en el norte del Cáucaso. Decenas de miles de desplazados internos que huyeron a las repúblicas vecinas de Ingusetia y Daguestán ya han regresado a sus casas. En Grozny, la capital, escenario de bombardeos indiscriminados hace más de una década, las tareas de reconstrucción crecen a buen ritmo y se ha reabierto el aeropuerto de la república. No obstante, la región del Cáucaso sigue siendo muy volátil.

Los enfrentamientos fuera de Chechenia han aumentado y todavía hay una gran presencia militar en la zona. Secuestros, desapariciones, asesinatos y bombardeos están a la orden del día en Ingusetia, Osetia del Norte y Daguestán.

En Chechenia, la situación de seguridad todavía es precaria para los civiles, pudiendo verse atrapados en un tiroteo o ser víctimas de un accidente con un vehículo militar pesado, motivo frecuente de traumatismos en los últimos tiempos.

Los servicios básicos de salud, en particular los de ginecología y obstetricia, son muy deficientes o inexistentes, quedando fuera del alcance de los retornados que viven en condiciones de absoluta pobreza. En clínicas de Grozny y sus alrededores, los médicos de MSF y sus colegas locales ven a gran número de personas con enfermedades crónicas, como problemas pulmonares, cardiovasculares y renales.

Además, los equipos de MSF también han detectado una necesidad generalizada de apoyo psicológico, debido a años de exposición a la violencia y el desplazamiento. Una encuesta de MSF realizada entre los desplazados en centros de acogida temporales en Ingusetia y Chechenia reveló que casi todas las personas entrevistadas padecían ansiedad, insomnio o depresión.

El conflicto checheno también tuvo graves consecuencias sobre el sistema de control de la tuberculosis (TB) de la república. MSF da apoyo a hospitales de TB, que cubren una población de 400.000 personas.

Muchos supervivientes de los conflictos todavía necesitan atención debido a lesiones y heridas. Médicos Sin Fronteras responde a algunas de estas necesidades a través de un programa de cirugía reparadora en el hospital nº 9 de Grozny, iniciado en 2006.