El Gobierno español instó ayer a la Abogacía del Estado para que presente ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de EHAK y ANV. En paralelo al proceso puesto en marcha por el juez Baltasar Garzón, que sustentará con demanda de suspensión cautelar la propia Fiscalía, el Gobierno del PSOE activa todos los mecanismos a su alcance para impedir que el independentismo vasco tenga representación el 9 de marzo.

En un estado de derecho un proceso de ilegalización de una formación política es un hecho del todo excepcional. Sin embargo, como puso de manifiesto la intervención de la portavoz del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, para el PSOE se ha convertido en una actuación prácticamente banal, hasta el punto de remarcar como objetivo expreso de la medida el que «no quede ningún hueco» para la participación de las formaciones concernidas en las elecciones al Congreso y Senado españoles.

Al vincular expresamente una actuación que conlleva una grave vulneración de derechos civiles y políticos a una contienda partidaria, se hace patente que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está dispuesto a asumir una devaluación más que evidente de las garantías fundamentales en el Estado español con tal de «hacerse perdonar» a los ojos de la derecha extrema sus «pecados» en el proceso vasco.

A los ojos de una amplia mayoría de la ciudadanía vasca, el Gobierno del PSOE se retrata hoy como mero ejecutor de los planes del ex presidente español, José María Aznar, al no ser capaz de ofrecer un proyecto político que sitúe en parámetros estrictamente democráticos el debate sobre el cambio político abierto en Euskal Herria.

Por ello, la cuestión clave no es qué ocurrirá el 9 de marzo, sino cuál será la actitud de las formaciones vascas antes de esa fecha. El bloqueo a una medida que goza de un amplio nivel de rechazo en Euskal Herria debe activarse de inmediato. Este país dispone de recursos -sociales e institucionales- para poner pie en pared a un Estado que se muestra sin complejos, desnudo de cualquier «ornamento democrático», con tal de condicionar el proceso en marcha para devolver la palabra y la decisión a Euskal Herria.